dPosta – Este martes se dio inicio al debate oral y público por el homicidio de Gonzalo Horacio Muñoz, el interno que perdió la vida en marzo de 2024 tras ser atacado con facas por varios compañeros en la Alcaidía de la Unidad Regional II de General Pico. La jornada inaugural estuvo marcada por fuertes contrapuntos entre las partes, exponiendo dos visiones diametralmente opuestas sobre lo ocurrido.
La Fiscalía, a cargo de Juan Pellegrino, sostuvo la tesis de un ataque “premeditado” y organizado por los cuatro acusados. En contraste, la Defensa, integrada por los defensores oficiales Walter Vaccaro y María Soledad Forte, junto a la abogada particular Camila Aimar, enfocó su estrategia en la presunta falla del Estado a la hora de garantizar la seguridad de los detenidos. Adicionalmente, argumentaron que los imputados actuaron por necesidad, para “protegerse” de Muñoz, a quien todos consideraban un interno “peligroso” que venía atacando y lesionando a otros presos durante meses.
El Tribunal, presidido por el juez Marcelo Pagano e integrado por María José Gianinetto y Carlos Pellegrino, abrió el debate poco después de las 9 de la mañana. En la sala estuvieron presentes el fiscal Pellegrino y el querellante Pedro Febre, quien representa a la madre de la víctima. Los acusados presentes son Gianfranco Schneider y Dino Pérez Albornoz, asistidos por la defensora oficial Forte; Gastón Alcalde, con la abogada Aimar; y Alexis Aballar, con la asistencia del defensor oficial Vaccaro. Los cuatro enfrentan la grave acusación de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”.
La primera jornada se centró en los alegatos de apertura y la declaración de Gianfranco Schneider. El acusado no solo calificó a Muñoz como “problemático”, sino que puso la responsabilidad en la policía, que, según su testimonio, le habría permitido ingresar “armado” al pabellón.
La acusación de la Fiscalía: un plan en la celda 5
El fiscal Pellegrino fundamentó su acusación basándose principalmente en el análisis de los movimientos registrados por tres cámaras de seguridad ubicadas en el pabellón. Si bien los equipos presentan mala definición, carecen de audio y no captaron el momento exacto del ataque dentro de la celda 1, sí registraron la secuencia previa y posterior al incidente.
El relato fiscal indicó que la tarde del 13 de marzo de 2024, Muñoz ingresó al pabellón “empuñando un elemento punzocortante” y protagonizó una discusión con el interno Roberto Valdez, a quien habría intentado expulsar del lugar. Valdez se alejó del conflicto dado que le faltaban pocos días para recuperar su libertad.
Tras ese altercado, Pellegrino señaló que las horas transcurrieron con “normalidad”. Muñoz se instaló en la celda 1 junto al interno de apellido Aires. Sin embargo, el momento clave se produjo a las 22:57 horas: las cámaras captaron cómo los acusados se organizaron en la celda 5, desde donde “salieron de forma súbita, armados con elementos punzocortantes”. El fiscal resaltó un detalle: los agresores se cubrieron los brazos con ropa, frazadas o mantas enroscadas a modo de protección improvisada antes de trasladarse a la celda 1 para llevar a cabo el ataque.
Tras la agresión, los acusados arrastraron el cuerpo herido de Muñoz hasta la puerta de ingreso del pabellón, donde exigieron al personal policial que se hiciera cargo. La autopsia de la víctima reveló la brutalidad del ataque: Muñoz recibió una puñalada directa en el corazón y otras diez heridas cortantes y punzantes en distintas partes del cuerpo, además de presentar marcas de golpes y patadas. Con la evidencia fílmica, los testimonios de otros detenidos, familiares, y el aporte de diversos peritos, el fiscal Pellegrino anticipó que demostrará el “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas” en perjuicio de Gonzalo Muñoz.
La Defensa: falla estatal y legítima protección
A su turno, la defensora oficial Soledad Forte planteó un alegato anclado en la responsabilidad del Estado y las “condiciones de detención”. Subrayó que es un deber del Estado garantizar la “seguridad” de todos los internos, un principio que, a su juicio, fue violado de manera flagrante en la Alcaidía cuando Gonzalo Muñoz “ingresó armado, sin controles”.
Forte recordó que la víctima venía protagonizando una escalada de hechos violentos durante meses, incluyendo dos incidentes graves que no motivaron investigaciones ni soluciones de fondo, sino solo traslados de dependencia o el aislamiento temporal. La defensora detalló que Muñoz fue pasado al pabellón directamente desde el “buzón” (lugar de encierro), encontrándose en un estado de “volcán” debido a presuntos problemas de abstinencia.
En su argumentación más dura, Forte aseguró que “Muñoz entró para limpiar el pabellón” y remarcó que “la policía vio y no dijo nada”, permitiendo el ingreso del conflicto. La defensa sostuvo que el resto de los internos, al verlo armado y temiendo por sus vidas, no tuvieron otra opción que resolver la situación por sus propios medios para “garantizarse seguridad”.
Forte graficó que ese conflicto no se solucionaba llenando un formulario, la única vía en el contexto carcelario era la confrontación. Anclando su defensa en la responsabilidad estatal de la falta de seguridad, Forte consideró que el debate debía culminar con la absolución de sus defendidos.
La declaración de un acusado
Gianfranco Schneider fue el primer imputado en brindar su testimonio. Detenido por una causa de la Justicia Federal, manifestó que fue “subido a este problema”, que le complicó severamente su situación carcelaria y familiar. Explicó que conocía a Muñoz de hacía años y que la convivencia en el pabellón era “normal, tranquila” hasta su llegada.
Consultado sobre la víctima, Schneider afirmó que Muñoz “era problemático, sabía que iba a generar problema”. Tras el altercado inicial con Valdez, el acusado dijo que reclamó a la policía por la situación, obteniendo una respuesta desalentadora: “arréglense ustedes”.
Mientras el resto de los internos se replegó a sus celdas para evitar ser agredidos, Schneider relató que él intentó calmar a Muñoz, lo invitó a cenar con otros tres internos (el resto se negó a comer para evitar el cruce) y le sugirió instalarse en la celda 1. Horas después de la cena, escuchó un grito desde la celda 5, donde dormía, y al acudir se encontró con Albornoz, Alcalde y Aballar “encamperados” y listos para sacar a Muñoz. Schneider aseguró que él fue el último, se quedó en la puerta de la celda 1 y se limitó a sacar al interno Aires para protegerlo. El acusado insistió en que la policía fue responsable de permitir el ingreso armado de Muñoz y afirmó que su familia ha sufrido amenazas tras lo ocurrido.