dPosta – El diputado nacional Abelardo Ferrán cuestionó las “mentiras” de Martín Ardohaín, quien esta semana salió a dar publicidad del despacho de comisión de un proyecto de su autoría para sancionar el “Vandalismo Rural”. Según el legislador justicialista, la propuesta del PRO pretende sancionar delitos sobre la propiedad privada que ya están legislados y, en vez de aumentar las penas, las reduce de manera considerable.
Ardohain, tras el dictamen favorable en comisión, publicó en sus redes sociales que “el diputado Ferrán, con el permiso de Sergio Ziliotto, votó en contra del proyecto que pena el vandalismo rural viviendo en una provincia donde cientos de familias trabajan desprotegidas todos los días. Queda claro que al kirchnerismo no le preocupan los delitos”.
Ferrán aclaró en ese sentido que, desde el Bloque de Unión por la Patria, emitimos nuestro propio despacho respecto al denominado “Vandalismo Rural”. Y advirtió que “las operaciones mediáticas no solo desinforman, sino que, además, generan odio a partir de mentiras que no llegan muy lejos”.
El diputado piquense indicó que la incorporación de esta figura “vandalismo rural” propuesta por el PRO achica las penas establecidas hoy en el Código Penal para quienes cometen delitos y desprotege aún más a los productores agropecuarios.
Actualmente se prevén penas de entre 3 y 10 años por algunos delitos contra las producciones y la propiedad rural, en tanto, el proyecto del PRO (con el acompañamiento de La Libertad Avanza, UCR y demás aliados políticos) establece penas de entre 2 y 8 años.
Iniciativa propia
Abelardo Ferrán señaló que el “Proyecto de Ley de estragos, daños agravados y protección de infraestructuras críticas y productivas”, cuyo autor es Ramiro Gutiérrez, no solo sostiene los 3 a 10 años de prisión para quienes causen incendios, explosión, inundación, derrumbe u otro proceso capaz de producir peligro común, sino que, también, aumenta la pena de 5 a 15 años cuando hubiere peligro de muerte para alguna persona o cuando el hecho recayese sobre un inmueble habitado; un establecimiento destinado a servicios públicos, un archivo público, biblioteca o museo; un establecimiento rural, industrial o productivo; infraestructura crítica para el abastecimiento, la energía, las comunicaciones, la defensa o seguridad nacional o el funcionamiento de servicios esenciales.
Asimismo, establece que la pena será de 6 a 15 años si el hecho produjere estrago; de 10 a 20 años si el hecho fuere causa de la muerte de una persona; y de 12 a 25 años si fuere causa de muerte de dos o más personas.
Tras la aclaración, el diputado peronista aseguró que “mientras algunos solo se ocupan por disfrazar la realidad, en La Pampa tenemos una historia de trabajo que demuestra -con acciones concretas- los enormes avances en la producción agrícola-ganadera, en gran medida producto del sostenimiento de políticas públicas que acompañan a uno de los sectores productivos más importantes de nuestra provincia”.