dPosta – En los Tribunales de Santa Rosa condenaron este lunes a Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay, por el delito de “abuso de autoridad” al utilizar a presos como “mozos” durante la celebración de su casamiento. El juez Andrés Aníbal Olié impuso una pena de un año y tres meses de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de ese tiempo.
El hecho ocurrió el 31 de mayo de 2024, cuando el oficial inspector Galván contrajo matrimonio en Lonquimay. Tras la ceremonia civil, organizó un almuerzo en el pub Veneto, cercano a la dependencia policial. Quedó acreditado que cuatro detenidos fueron trasladados a ese local para limpiar, preparar el asado y servir a los invitados, permaneciendo allí desde la mañana hasta la tarde sin contar con ninguna autorización judicial.
Testimonios y Defensa
Durante el debate oral, realizado en junio, tanto testigos como efectivos policiales confirmaron la presencia de los internos Manuel Urrutia, Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez y Oscar Sánchez en la celebración. Los propios detenidos declararon en el juicio que accedieron al pedido de Galván, a quien describieron como “un jefe respetuoso”, pero admitieron haber cumplido tareas en el evento.
En su defensa, Galván negó la acusación, alegando que se encontraba de licencia por matrimonio, que el evento era privado y que no hubo presencia de personas detenidas. Sin embargo, el tribunal consideró contundente la coincidencia entre los testimonios de los efectivos policiales y los relatos de los internos.
Delito
El juez Olié subrayó en su fallo que la conducta del imputado constituyó un claro “abuso de autoridad”, que comprometió la seguridad pública y vulneró la función esencial de la Policía. Remarcó que “personas condenadas se desplazaron libremente por la localidad para cumplir tareas en un evento privado”, lo cual es inaceptable.
Además de la condena, el magistrado ordenó la notificación de la sentencia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y la restitución del teléfono celular secuestrado al acusado. La causa judicial se inició a raíz de un informe elevado por el coordinador regional al entonces jefe de la Unidad Regional I, Marcelo Calderón, quien dispuso la investigación penal. Adicionalmente, la FIA también ha iniciado un sumario administrativo por el mismo incidente.
Durante el juicio, Galván argumentó que la acusación era producto de una “interna policial”.
Foto: El Diario