dPosta – La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció públicamente una situación de “gravedad y abuso de poder” en el Hospital de Colonia Barón, exigiendo la separación inmediata del director por múltiples acusaciones que incluyen persecución sindical, violencia de género y el uso de alimentos vencidos para elaborar la comida de los pacientes internados. El gremio lamentó tener que exponer el caso ante la falta de respuesta del Ministerio de Salud.
Las dirigentas de ATE, Roxana Rechimont, Mariana Andueza y Eliana Sequeira, acusaron a la administración provincial de mantener una “total impunidad y complicidad”, al no aplicar los protocolos de intervención necesarios pese a la existencia de múltiples denuncias.
Riesgo para la salud y persecución
Mariana Andueza, de la Secretaría de Género de ATE, detalló las acusaciones que hacen “inadmisible” la permanencia del funcionario.
La denuncia más severa apunta al uso de alimentos vencidos: el director habría ordenado a las trabajadoras del servicio de mucamas utilizar mercadería caducada para preparar la alimentación de los pacientes. ATE aseguró contar con pruebas documentales y videos que respaldan esta grave falta, que pone en riesgo directo la salud de los internados.
El patrón de abuso incluye actos de violencia laboral y de género. Una trabajadora que denunció violencia de género, amparada por la Ley 3042, sufrió perjuicios cuando su licencia especial fue cargada incorrectamente en el sistema con un código de “largo tratamiento” o “falta sin aviso” (código 29), afectando sus haberes.
Además, otras compañeras fueron sancionadas con la figura de “falta sin aviso” por tomar francos compensatorios tras haber cumplido su carga horaria semanal. El gremio sostuvo que se utilizó este mecanismo punitivo ante la falta de un reloj biométrico oficial para registrar horas extras y francos.
Responsabilidad institucional
ATE responsabilizó directamente al Ministerio de Salud, la Dirección General de Personal y, especialmente, a la Red Territorial contra la Violencia Laboral, a la que acusaron de “revictimizar” y “encubrir” los abusos.
El gremio detalló un largo camino burocrático de denuncias que se extiende desde junio hasta octubre, con presentaciones penales y una ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que hasta la fecha no han generado una respuesta favorable ni la separación del director.
Finalmente, la secretaria general Roxana Rechimont exhortó al gobernador Sergio Ziliotto a intervenir para detener la “impunidad”. El gremio exige la eliminación inmediata de las sanciones impuestas, la devolución de los haberes descontados a las trabajadoras y la separación definitiva del director, calificándolo de “incompetente” en la gestión de personal y asegurando que más trabajadores no se animan a denunciar por miedo a represalias.