dPosta – La 91ª edición de la Exposición de la Sociedad Rural de General Pico no fue un simple evento de camaradería, negocios y tradiciones. Coincidiendo con el inicio de la campaña electoral legislativa, la muestra se transformó en un escenario político de alto voltaje, un punto de encuentro donde el discurso del presidente de la entidad, Carlos Matilla, resonó con fuerza, repartiendo elogios y críticas con una precisión quirúrgica. Frente a un público que incluyó a la máxima autoridad provincial, Matilla dio su respaldo al Gobierno nacional mientras arremetía con una lista exhaustiva de reclamos contra la gestión pampeana. Minutos después, tuvo su vuelto en la voz de la ministra Fernanda González (ver aparte).
El retorno del gobernador Sergio Ziliotto a la muestra, después de un tiempo de ausencia, había generado expectativas de un diálogo distendido y un clima de concordia. La recorrida por el predio junto a la intendenta local, Fernanda Alonso, y otros candidatos, parecía preludiar un acto con mensajes equilibrados. Pero el dueño de casa, con el micrófono en mano y la mirada puesta en un auditorio repleto, disipó rápidamente esa ilusión. Enumeró una extensa lista de reclamos para los políticos locales y prefirió no ser tan detallista con las cuestiones pendientes a nivel nacional, dejando en claro la banca del sector gobierno libertario.

Respaldo y sutiles pedidos
Matilla inició su alocución -visiblemente incómodo- con un claro gesto de apoyo hacia el Gobierno nacional, reconociendo “la firme voluntad política de sostener el superávit fiscal”. En un tono conciliador, enmarcó esta política como un “camino exigente” pero necesario para “ordenar la economía y salir del círculo vicioso del endeudamiento y la inflación”. Fue una validación directa a la gestión de Javier Milei, a la que consideró “el camino correcto para poder bajar impuestos y restablecer la confianza”, un rumbo que, en su opinión, debería ser una política de Estado “más allá de quien gobierne”.
A renglón seguido, con una sutileza que no pasó desapercibida, el presidente de la Rural aprovechó el momento para deslizar un pedido central para el sector: la reducción de los derechos de exportación. “Padecemos impuestos extraordinarios como los derechos de exportación, que deberían reducirse de manera concreta”, exigió, pero al mismo tiempo argumentó que esta disminución no significaría menor recaudación, sino que “se traducirá en mayor actividad productiva y, por lo tanto, mayor recaudación”.
El apoyo selectivo de Matilla también se extendió al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), destacando su papel para potenciar la producción. Sin embargo, su respaldo vino acompañado de una advertencia: “la investigación no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión estratégica”. En este sentido, pidió un “INTA reformulado y orientado a la producción, que trabaje con libertad y que no sea utilizado políticamente por ningún gobierno”.

Artillería de reclamos
El tono de Matilla cambió drásticamente al dirigir su atención a las políticas provinciales. Aunque valoró que las “autoridades nos reciben, y eso es valioso”, rápidamente agregó que un verdadero diálogo es aquel “donde realmente se escuche y respete al que produce. No es solo atenderlo, sino también actuar en consecuencia”.
El primer dardo fue para la controvertida Ley de Plaguicidas. Matilla la calificó como “un ejemplo de esta contradicción”, alegando que establece “exigencias de imposible cumplimiento que amenazan con arruinar económicamente a muchos productores y propietarios”. El lamento del sector se centró en que la norma fue impuesta “pese a las advertencias del campo y de entidades técnicas”, sin una verdadera mesa de diálogo. El ruralista hizo un llamado directo a los legisladores pampeanos, pidiendo aprovechar la “Cámara de Diputados repartida en mitades” para construir una “nueva ley que sea cumplible y practicable”.
El listado de quejas continuó con dos mecanismos fiscales que, según Matilla, representan una “clara sensación de injusticia”: el SIRCREB y el REPAGRO. Al primero lo catalogó de “mecanismo desmedido, injusto y arbitrario de adelanto de recursos al Estado”, que retiene fondos indefinidamente. Al segundo, lo calificó como una “carga burocrática” que, de no cumplirse, “directamente impide comercializar la producción” y cuya constitucionalidad es “dudosa”.

La excepción piquense y el final
Finalmente, Matilla abordó el histórico reclamo por la infraestructura vial, señalando que “el campo aporta mucho más de lo que después municipios y provincias le asignan al mantenimiento de los caminos rurales”. Sin embargo, hizo una excepción al señalar que “debemos reconocer que hay municipios que logran mantener en buen estado su red vial, como el caso de General Pico”. Desde la tribuna, la intendenta respondió con un “bueno, ahí va, ahí va”, a lo que Matilla replicó: “Eso demuestra que, cuando los recursos se asignan de manera correcta, es posible tener caminos transitables todo el año”.
El presidente de la Rural concluyó su discurso con un mensaje que encapsuló el sentimiento del sector: “Queremos una provincia que habilite, que deje hacer, que confíe en su gente y que libere las fuerzas productivas”. Un cierre que no dejó lugar a dudas sobre las prioridades del campo y su posición frente a los desafíos que se avecinan, transformando una simple inauguración en una clara declaración de intenciones políticas.