dPosta – En un giro que sacudió los cimientos de la industria ganadera, la Justicia Federal de Tierra del Fuego decidió poner un freno a una medida largamente esperada por algunos y temida por otros. A partir de ayer, y por un plazo de 30 días, el ingreso de carne con hueso a la Patagonia quedó formalmente prohibido.
La decisión, que retrotrae la situación a los estadios previos a la resolución del SENASA de flexibilizar las restricciones, se erige como una victoria para los ganaderos del sur del país y un duro golpe para los frigoríficos pampeanos que veían en la apertura de esa barrera una oportunidad de negocio.
La medida surge de un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego, y fue la jueza de Río Grande, Mariel Borruto, quien hizo lugar al reclamo. Su fallo no solo invalidó temporalmente la resolución N°460 del SENASA que había habilitado el ingreso de estos productos en junio, sino que también puso de manifiesto un profundo desacuerdo entre la visión nacional de la política sanitaria y las preocupaciones de los productores regionales. Para la Asociación fueguina, el ingreso de asado con hueso representaba una amenaza directa a lo que describieron como un “activo patrimonial y estratégico de alto valor económico” para la región.
Consecuencias de “difícil reversión”
El fallo judicial, sin embargo, no se basó únicamente en las consideraciones de los productores patagónicos. Dos elementos de peso terminaron de inclinar la balanza: la reacción de los países vecinos y de los mercados internacionales. Con el anuncio del SENASA, los organismos sanitarios de Chile manifestaron su profunda preocupación y, en una acción contundente, prohibieron el ingreso de carne argentina a su territorio. A esto se sumó el anuncio de la Unión Europea de iniciar una inspección para evaluar in situ el nuevo estatus sanitario. Para la magistrada, estas reacciones internacionales fueron determinantes.
La jueza Borruto fue enfática al argumentar que la acción era necesaria para “evitar que se materialicen consecuencias sanitarias y económicas de difícil reversión”. Su postura se alineó con la de los ruralistas de la Patagonia, quienes habían denunciado que el gobierno nacional les había “mentido” al asegurar que la medida no acarrearía efectos negativos. La resolución judicial subraya que la apertura de la barrera a la carne con hueso genera un riesgo sanitario grave e inmediato, con la posibilidad de perder el reconocimiento internacional como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Esta pérdida acarrearía un perjuicio irreparable, no solo para productores y trabajadores, sino para los consumidores, al comprometer la seguridad y trazabilidad de los alimentos.
Ganaderos fueguinos
Más allá de las discusiones sobre políticas sanitarias y el comercio internacional, la jueza también se centró en las particularidades de la producción en Tierra del Fuego. En su resolución, se destacó que la situación de los ganaderos de la isla no fue tenida en cuenta por las autoridades nacionales. Los productores fueguinos se ven obligados a trasladar sus animales para faena hasta frigoríficos en la provincia de Santa Cruz, un viaje que implica recorrer entre 300 y 600 kilómetros y sortear dos controles sanitarios chilenos, ya que el servicio de balsa que les permite cruzar al continente se encuentra en aquel país.
Este contexto logístico fue clave para que la jueza considerara que existía un “peligro en la demora”, lo que justificó la urgencia de la medida. La gravedad de la situación quedó demostrada cuando Chile, a través de su Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), suspendió las importaciones de todos los productos de origen animal desde Argentina. La jueza Borruto defendió su decisión como una manera de “garantizar el derecho de la sociedad fueguina al acceso a alimentos seguros y de calidad”, además de proteger la economía regional.
Implicancias futuras
A pesar de los argumentos presentados por la Asociación Rural de Tierra del Fuego, la fiscalía federal había emitido un dictamen en el que concluía que la acción de amparo era inadmisible. El SENASA, por su parte, se había defendido argumentando que su resolución buscaba fines de “modernización y competitividad del sector”, sin vulnerar derechos constitucionales ni afectar la producción local.
Sin embargo, la postura de Chile y la Unión Europea terminó siendo el argumento de más peso. La decisión judicial es un recordatorio contundente de la complejidad de las políticas sanitarias y de cómo una medida, aparentemente técnica, puede tener consecuencias a nivel regional e internacional. Ahora, con la barrera cerrada, la industria ganadera argentina mira con incertidumbre el futuro, a la espera de un nuevo capítulo en esta disputa que enfrenta a la visión nacional con la realidad de la Patagonia.