dPosta – La sexta sesión ordinaria del 2026 en el Concejo Deliberante de General Pico estuvo marcada por la discusión sobre las políticas nacionales de discapacidad. El cuerpo legislativo local abordó un abanico de temas que incluyeron desde la identidad de los espacios públicos hasta la regulación de la movilidad urbana, pero fue el posicionamiento frente al proyecto de ley “contra el fraude de pensiones por invalidez”, impulsado por el Gobierno nacional, el que generó los mayores contrapuntos en el recinto.
La iniciativa, presentada por el bloque del FreJuPa, planteó un enérgico rechazo y repudio a la normativa nacional. El proyecto local no solo cuestiona las medidas de ajuste sobre el sector, sino que exige la suspensión del reempadronamiento obligatorio y de las auditorías que, según denuncian, podrían derivar en bajas masivas de beneficios para personas con discapacidad. Asimismo, se reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad y se dispuso el envío de lo actuado al Congreso de la Nación.
Cruces y posturas divididas en la oposición
Aunque hubo una coincidencia general en la preocupación por la vulnerabilidad del sector, el debate dejó al descubierto fisuras dentro de los bloques opositores. Luis Arias, titular de Juntos por el Cambio, reconoció que la ley nacional presenta fallas que podrían interrumpir prestaciones esenciales, pero defendió la necesidad de un reempadronamiento. Su moción para modificar el texto fue rechazada por la mayoría oficialista, lo que derivó en un intento fallido de abstención. Finalmente, Arias terminó acompañando el repudio en la votación general.
Cintia Gette, de la misma bancada, fundamentó -sobre su cercanía con un caso de discapacidad- la adhesión sin vueltas al proyecto oficialista.
Por su parte, el concejal Leonardo Ananía (MID dentro de JxC) adoptó la postura más crítica hacia el proyecto del FreJuPa. Si bien se mostró abierto a manifestar “preocupación”, rechazó el término “repudio” y cuestionó el incremento histórico en el número de pensiones otorgadas en el país. El bloque de la UCR, en cambio, se alineó plenamente con el oficialismo, dejando a Ananía como el único voto negativo al cierre del tratamiento.
Nuevas identidades y agenda urbana
Más allá de la controversia política, la sesión avanzó en la configuración del mapa piquense. Por unanimidad, se aprobó denominar “Barrio El Caldén” al sector delimitado por las calles 549 a 553 y 512 a 516. En la misma línea, se rindió homenaje a la memoria local al designar como “Omar A. Lovera” a un espacio verde de la ciudad, cuya puesta en valor también fue autorizada por los ediles.
En cuanto a la planificación urbana, ingresaron dos proyectos de ordenanza que buscan modernizar el tránsito. El primero propone optimizar el estacionamiento de motocicletas en el radio céntrico, un reclamo recurrente ante el crecimiento del parque automotor. El segundo busca establecer un marco regulatorio integral para el uso de ciclovías y bicisendas, con el fin de promover una movilidad más segura y sustentable.
Finalmente, tomó estado parlamentario una propuesta externa impulsada por la Coalición Cívica ARI, centrada en el control, financiamiento y distribución de agua potable.
El abanico de temas abordados reflejó una agenda legislativa que, si bien se ve atravesada por la coyuntura nacional, mantiene el foco en las necesidades operativas y el ordenamiento de General Pico.