dPosta – La prolongada disputa administrativa y financiera entre la Municipalidad de General Pico y la empresa Telecom ha entrado en una nueva fase. El pasado 30 de diciembre, la compañía del Grupo Clarín procedió al pago de los $140 millones que desde 2024 adeudaba en concepto de tasas por el uso del espacio aéreo. De esta suma, $100 millones corresponden al capital original y $40 millones a los intereses acumulados por la demora.
Para la gestión de la intendenta Fernanda Alonso, el cobro representa un triunfo político y administrativo. El Municipio se mantuvo firme en su postura de no otorgar quitas ni privilegios, incluso cuando la empresa intentó negociar el pago a cambio de permisos automáticos para el tendido de fibra óptica. Durante los últimos meses, la comuna llegó a paralizar trabajos de la empresa que no contaban con la autorización previa, marcando la cancha sobre quién tiene el control del espacio público.
Con la deuda saldada, Telecom ha presentado formalmente un plan de renovación de infraestructura para modernizar sus servicios en la ciudad. Sin embargo, el dinero en las arcas municipales no significa una “vía libre”. El Ejecutivo local ha dejado claro que cualquier expansión debe ajustarse estrictamente al nuevo Plan Urbano y a una ordenanza que el Concejo Deliberante está terminando de pulir.
La nueva normativa busca reemplazar una legislación que data de 1999, con el objetivo de ordenar el caos que en algunas zonas se generó con el cableado aéreo y proteger los intereses de los prestadores locales. Así, mientras Telecom espera la bandera verde para ponerse en marcha, el Municipio mantiene el freno de mano, priorizando el ordenamiento territorial por sobre la urgencia corporativa.