dPosta – El Concejo Deliberante se convirtió el pasado jueves en el escenario de un debate que trasciende lo meramente administrativo para adentrarse en la cruda realidad económica de uno de los servicios públicos de la ciudad: el transporte de taxis. En una sesión marcada por la división de aguas, el cuerpo legislativo aprobó un incremento del 20% en la tarifa, una cifra que, aunque necesaria para los propietarios, no logró disipar el malestar por la falta de un consenso unánime y la crítica situación que atraviesa el sector.
La aprobación llegó con los votos del bloque FreJuPa, pero enfrentó el rechazo de la oposición, conformada por Juntos por el Cambio y la UCR. Este voto negativo encendió las alarmas de los taxistas presentes en el recinto, quienes no tardaron en manifestar su descontento ante lo que consideran una “especulación política” por parte de los ediles.
Raúl Pérez, referente del sector, fue el encargado de poner voz a la defensa de la actualización: “Vinimos para apoyar porque sabíamos que la oposición no iba a acompañar, a pesar de que hace seis meses que no tocamos la tarifa”, señaló con tono firme al finalizar la jornada.
El nudo del conflicto radica en la ya célebre “fórmula polinómica”, la herramienta técnica que debería determinar automáticamente el valor del viaje. Sin embargo, este cálculo es objeto de cuestionamientos históricos.
Mientras que el concejal Arias (JxC) justificó su voto negativo alegando una falta de transparencia en la composición de los números y cifras que interpreta como “infladas”, desde el sector de los taxistas devuelven el golpe asegurando que la oposición tampoco ha propuesto alternativas superadoras.
El 20% finalmente otorgado representa un punto medio, un promedio entre la fórmula oficial y los cálculos propios de los trabajadores, que suelen arrojar resultados por encima de la propuesta municipal.
Más allá de la disputa por los porcentajes, la crónica del sector es alarmante. Pérez trazó un panorama sombrío sobre la sostenibilidad del negocio: en apenas un año y medio, el número de licencias operativas cayó de más de 200 a tan solo 130.
Esta reducción del parque automotor no solo afecta la disponibilidad del servicio para el vecino, sino que delata un agotamiento económico que obliga a los conductores a jornadas laborales inhumanas. “Hay compañeros que están trabajando 16 horas. Ya no quedan más agujeros en el cinto para ajustarnos”, graficó Pérez, subrayando que durante medio año absorbieron los costos crecientes sin trasladarlos al pasajero para no castigar aún más a la comunidad.
Frente a este escenario de supervivencia, los taxistas no se quedan solo en el reclamo tarifario, sino que apuestan a una reforma estructural del sistema. En conjunto con el Ejecutivo y la dirección de Tránsito, trabajan en una nueva ordenanza que busca modernizar el servicio.
El eje central de esta propuesta es la digitalización total del sistema, una movida que permitiría mayor seguridad y transparencia. Además, los propietarios buscan independizarse del peso económico que representan las agencias actuales, a las cuales deben tributar un 15% de su recaudación. La idea no es eliminar a las agencias, sino ganar libertad para trabajar de forma digital e independiente, remarcaron.
El desafío es doble: modernizarse para competir y, al mismo tiempo, combatir la creciente oferta de transporte ilegal. Los referentes denunciaron que mientras se discuten tecnicismos administrativos en el recinto, las calles se pueblan de “autos truchos” que operan sin ningún tipo de habilitación ni seguro para los pasajeros.
En ese sentido, el mensaje de los taxistas hacia el arco político fue claro: la necesidad de ocuparse de realidades concretas antes de que el sistema de transporte local termine de desmoronarse por la falta de rentabilidad y la competencia desleal.