dPosta – La sirena que sonó este jueves a las 10 en General Pico y en los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país no correspondió a un incendio, un accidente o una intervención de urgencia. Fue un llamado de atención. Bajo la consigna “sirenazo nacional”, los bomberos hicieron visible su reclamo ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional por una deuda que, según denunciaron, alcanza los 60 mil millones de pesos.
La protesta se desarrolló en simultáneo en más de 1.000 cuarteles de la Argentina y tuvo como objetivo alertar a la comunidad sobre la situación económica que atraviesa el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, en un momento en que los equipos de emergencia enfrentan mayores exigencias por fenómenos climáticos como El Niño.
Desde la Federación de Bomberos Voluntarios señalaron que el Gobierno Nacional mantenía sin ejecutar ni distribuir $59.330,7 millones contemplados en la Ley Nacional N° 25.054, correspondientes al remanente del ejercicio 2025 y períodos anteriores. Esos recursos, remarcaron, no son aportes extraordinarios ni discrecionales, sino fondos establecidos por una normativa específica que se recauda para el funcionamiento del sistema.
El retraso en la transferencia de esos recursos generó preocupación entre las asociaciones, que indicaron que habitualmente el subsidio nacional se efectivizaba entre marzo y mayo. Este año, la demora acumulaba entre cuatro y seis meses, afectando la capacidad operativa de los cuarteles.
El reclamo de los bomberos también estuvo vinculado al impacto económico que tiene la falta de actualización de esos fondos. Según explicaron, el congelamiento de las partidas representa un recorte estimado de unos 45 millones de pesos por cada asociación del país, recursos que son destinados al mantenimiento de móviles, compra de equipamiento y funcionamiento diario.
Además del reclamo presupuestario, el sector planteó otras demandas relacionadas con la tarea que realizan. Entre ellas, solicitaron una compensación por la asistencia médica y técnica que brindan en siniestros ocurridos en rutas concesionadas, con mecanismos de reintegro de gastos y reconocimiento por la disponibilidad permanente de los servicios.
También reclamaron la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento N° 27.629, sancionada en 2021, especialmente en lo referido a la devolución del IVA por la compra de bienes, servicios y equipamiento. A esto sumaron pedidos para agilizar los pagos al exterior que permitan adquirir unidades y herramientas que no se consiguen en el mercado nacional.
La sirena que se escuchó en Pico no anunció una tragedia. Esta vez fue el propio sistema de emergencias el que pidió ser escuchado.