dPosta – El Gobierno de La Pampa continúa garantizando el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) con recursos propios, en un contexto marcado por el desfinanciamiento del Gobierno nacional. A cinco años de la sanción de la Ley 27.610, la política pública se mantiene vigente en el territorio pampeano, tanto en la atención como en la provisión de insumos y la formación de profesionales.
Durante el año 2025, en la provincia se realizaron aproximadamente 600 interrupciones voluntarias del embarazo y unas 50 interrupciones legales, según datos preliminares remitidos por los distintos centros de salud que llevan adelante estas prácticas. Las cifras reflejan la continuidad del acceso al derecho, pese a la retirada del acompañamiento económico por parte de Nación.
Desde el Ministerio de Salud provincial se destacó que, tanto en 2024 como en 2025, La Pampa asumió de manera integral la atención de los abortos. Esto implicó no solo la compra de medicación específica —de alto costo—, sino también el sostenimiento de instancias de capacitación que anteriormente eran financiadas por el Estado nacional. En ese marco, se realizaron formaciones destinadas a fortalecer la atención en el primer nivel de salud, como capacitaciones en ecografía para la atención de IVE, con amplia participación de equipos profesionales.
La Provincia también mantuvo una activa participación en espacios de intercambio a nivel nacional, como el primer congreso sobre aborto realizado en el país, donde se expusieron las políticas públicas pampeanas y el trabajo articulado entre el sistema de salud y organizaciones de la sociedad civil que acompañan el acceso al derecho.
En paralelo, La Pampa continúa sosteniendo la compra y provisión de métodos anticonceptivos, con énfasis en los de larga duración. Si bien representan una mayor inversión inicial, estos dispositivos son considerados estratégicos para garantizar una mejor salud sexual y reproductiva, en un contexto en el que muchas provincias enfrentan dificultades para asegurar la canasta anticonceptiva.
La Ley 27.610, aprobada por el Congreso nacional a fines de 2020, reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive, de forma gratuita y en todos los sistemas de salud. Superado ese plazo, la interrupción legal del embarazo está permitida en casos de violación o cuando el embarazo represente un riesgo para la vida o la salud integral de la persona gestante.
El acceso a la práctica se garantiza mediante la sola expresión de voluntad y la firma del consentimiento informado, sin intermediarios ni sustituciones, y el sistema de salud debe asegurar la realización del procedimiento en un plazo máximo de diez días desde su solicitud. En La Pampa, este marco legal continúa siendo respaldado por una decisión política que prioriza el acceso efectivo a derechos, aún en escenarios adversos a nivel nacional.
(Con información de CPEtv)