dPosta – Este lunes se iniciaron las audiencias orales del juicio político contra el suspendido juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. La instancia oral, fijada para desarrollarse durante una semana, determinará si el magistrado continúa en sus funciones o es destituido por presunto mal desempeño. Se prevé que el veredicto se conozca antes de que finalice agosto.
El procedimiento institucional cuenta con la citación de 32 testigos propuestos por la acusación y la defensa. El tribunal especial encargado de juzgar la conducta del magistrado está integrado por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral; las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Christian Alejandro Zulli y Nicolás Mayoraz; y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Para disponer la remoción del magistrado se exige una mayoría calificada de cinco votos sobre los siete integrantes del cuerpo. En caso de no alcanzarse ese número, la acusación quedará desestimada y Díaz Lacava será reintegrado a su función al frente del tribunal pampeano.
Las denuncias
El expediente disciplinario se fundamenta en las declaraciones de funcionarias y empleadas del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, quienes denunciaron haber sufrido episodios de violencia laboral, hostigamiento, maltrato y abuso de autoridad. Las presentaciones describen un clima de trabajo caracterizado por agresiones verbales e intimidaciones, lo que derivó en que parte del personal debiera solicitar licencias médicas.
En la causa constan evaluaciones del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia que verificaron secuelas en la salud de las denunciantes. Asimismo, dentro del cúmulo probatorio sobresale un episodio en el que el magistrado arrojó una piedra desde la calle hacia una ventana de la sede judicial, ingresando al despacho donde trabajaban dos secretarios. Aunque Díaz Lacava lo definió como una “broma impropia”, la acusación lo encuadró como un acto de intimidación. Por la gravedad del caso, la Justicia mantiene vigente una medida cautelar de protección hacia las víctimas.
Juicio penal
De forma paralela al proceso disciplinario, avanza la causa penal instruida por los fiscales Iara Silvestre, Federico Iparraguirre y Horacio Azzolin, elevada a juicio por el juez Juan José Baric. El tribunal que llevará adelante el debate estará integrado por los jueces Facundo Zapiola, José Fabián Asís y Sabrina Nammer, estimándose su inicio para la segunda quincena de septiembre.
El proceso juzgará la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, amenazas y lesiones. El resultado de la instancia ante el Jurado de Enjuiciamiento no condicionará el trámite penal, por lo que el juicio continuará con independencia de si el imputado es destituido o ratificado en el cargo.