dPosta – Este jueves, el Senado de la Nación se convertirá en el epicentro de una discusión ambiental y económica trascendental: la modificación de la Ley de Glaciares (N° 26.639). La sesión, que genera una vigilia de máxima atención en la provincia de La Pampa, pondrá en juego el delicado equilibrio entre la ambición de atraer inversiones para la megaminería y la preservación de las reservas hídricas estratégicas del país. Mientras el Gobierno Nacional defiende la reforma como una herramienta de “seguridad jurídica”, los sectores ambientalistas y las provincias de la cuenca baja denuncian un desmantelamiento de la soberanía sobre el agua.
El corazón de la controversia: ¿Qué se quiere cambiar?
La Ley de Glaciares vigente establece un Régimen de Presupuestos Mínimos que protege no solo a las masas de hielo eternas, sino también al “ambiente periglacial”. Este último concepto es el núcleo de la disputa. El ambiente periglacial incluye los suelos congelados (permafrost) que, aunque no sean hielo a la vista, actúan como reguladores del flujo de agua hacia los ríos de montaña.
El proyecto impulsado por La Libertad Avanza (LLA) propone redefinir esta protección. El argumento oficialista sostiene que la normativa actual es excesivamente amplia y genera una “parálisis de inversiones” en sectores clave como el cobre, el litio y el oro. La intención es restringir la salvaguarda ambiental únicamente a aquellos glaciares que cumplan con una “función hídrica efectiva y estratégica”. Bajo esta nueva lógica, si un área periglacial no es considerada “estratégica” según nuevos criterios técnicos, quedaría habilitada para la exploración y explotación de hidrocarburos y megaminería.
Desde el bloque oficialista señalan que esta reforma busca devolver potestad a las provincias sobre sus recursos naturales, amparándose en el artículo 124 de la Constitución Nacional. Territorios con gran potencial minero, como San Juan, Catamarca y Jujuy, ven en esta modificación la llave para destrabar proyectos de miles de millones de dólares que hoy se encuentran frenados por la rigidez de la ley actual.
El rechazo opositor y un “contraproyecto”
Frente a la embestida del Ejecutivo, el bloque de Unión por la Patria y sectores del peronismo federal han cerrado filas en defensa del agua potable. Los legisladores opositores argumentan que la modificación dejaría sin efecto la prohibición de actividades industriales en cuencas hídricas que son, en esencia, las “fábricas de agua” de la Argentina.
En este contexto, ha tomado fuerza el proyecto alternativo presentado por el diputado nacional Eduardo Valdés. Esta iniciativa busca justamente lo contrario a la reforma oficial: fortalecer el régimen de protección. El “contraproyecto” de la oposición propone priorizar el consumo humano y el riego por sobre cualquier interés económico, elevando el estatus de los glaciares a “recurso natural estratégico de interés nacional”. Además, exige la actualización obligatoria y periódica del Inventario Nacional de Glaciares para evitar que la falta de datos científicos sea utilizada como excusa para permitir excavaciones en zonas sensibles.
La tensión interna en el peronismo también es un factor determinante. Senadores de provincias con tradición minera se encuentran bajo una fuerte presión. El dilema es complejo: apoyar el desarrollo productivo local que prometen las mineras o sostener una bandera ambiental que, en muchos casos, es vista como una traba desde las capitales provinciales cordilleranas. El presidente del bloque justicialista, José Mayans, ha mantenido hasta ahora una postura crítica hacia la reforma, alineada con la protección de los recursos estratégicos ante el avance del cambio climático.
La Pampa y el proyecto de Mendoza
Aunque el debate es nacional, para La Pampa la votación de este jueves tiene un carácter existencial. La provincia observa con alarma cómo la flexibilización de los estándares ambientales en las nacientes de los ríos podría condenar su futuro productivo y humano. La Fundación Chadileuvú (FuChad) ha sido categórica al denunciar que esta reforma es, en la práctica, una “entrega de las fuentes de agua”.
El eje del temor pampeano se sitúa en el río Grande, en Malargüe, Mendoza. Este río nace en glaciares de alta montaña y aporta el 66% del caudal del río Colorado. Si la nueva ley permite que en esas nacientes se instalen proyectos de explotación de cobre y oro, el riesgo de contaminación y disminución del caudal es inminente. Para una provincia que ya ha sufrido el corte del Atuel y la degradación del Salado, la pérdida de la integridad del Colorado significaría, en palabras de la FuChad, convertirse en una “provincia inviable”.
El senador nacional Daniel Bensusán ha sido uno de los portavoces más activos contra la reforma en la Cámara Alta. Bensusán cuestiona el argumento de la “autonomía provincial” que esgrime el oficialismo y el gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Para el legislador pampeano, el agua es un recurso interjurisdiccional que no reconoce límites políticos. “Si Mendoza decide desproteger una zona, el daño baja por el río Grande y destruye el Colorado que compartimos cinco provincias”, sentenció, calificando el proyecto como un “boicot” al desarrollo regional.
Antecedentes e inconstitucionalidad
La discusión no es nueva. En 2019, la Corte Suprema de Justicia ya sentó un precedente histórico al rechazar planteos de inconstitucionalidad de empresas como Barrick Gold. En aquel entonces, el Máximo Tribunal determinó que la protección del ecosistema debe primar sobre el beneficio empresarial de explotación. El actual intento de reforma pretende esquivar ese límite judicial mediante un cambio en la letra de la ley, algo que, según especialistas, derivará en una nueva y larga batalla en los tribunales.
Un desenlace abierto
El resultado de la votación del jueves es incierto. El oficialismo confía en sumar voluntades de gobernadores necesitados de inversiones, mientras que la oposición apuesta a que la presión social por la defensa del agua logre frenar la iniciativa.
Para las comunidades pampeanas, desde Santa Rosa hasta 25 de Mayo, lo que se decida en el Senado no es un tecnicismo legal. Es la garantía de que el Acueducto del Río Colorado siga proveyendo agua pura y de que sus zonas de riego no se conviertan en desiertos contaminados. El futuro de los glaciares y del ambiente periglacial es, en definitiva, la última línea de defensa de la soberanía hídrica argentina.