dPosta – El Concejo Deliberante de Santa Isabel dispuso este viernes la destitución definitiva del intendente Guillermo Farana. La resolución fue adoptada luego de analizar un dictamen técnico de la Comisión Investigadora, el cual detalla denuncias por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y diversas anomalías administrativas y financieras detectadas en las cuentas del municipio pampeano.
La crisis en la localidad del oeste provincial se había profundizado el pasado 17 de abril, cuando el cuerpo legislativo suspendió de forma preventiva a Farana por un plazo de 60 días durante una sesión extraordinaria. Dicha determinación se tomó tras una serie de movilizaciones de los trabajadores del municipio en reclamo del pago de haberes adeudados. Ante ese escenario, la presidenta del Concejo, María Cabral, asumió de manera transitoria la intendencia y se conformó la comisión especial para auditar la administración local.
La semana pasada, el informe de la investigación obtuvo el aval legislativo, lo que habilitó la convocatoria a la sesión especial que concluyó con la remoción formal. Con este desenlace institucional, Cabral asume de manera definitiva la conducción del Ejecutivo comunal para completar el mandato en curso.
Antes del inicio del debate, Farana no asistió al recinto y optó por presentar un descargo escrito de 13 páginas, elaborado con el patrocinio de la abogada Florencia D’Espósito. En el documento, el ahora exintendente ratificó la impugnación de las medidas adoptadas y anticipó que recurrirá a los tribunales penales y civiles para apelar lo resuelto por los ediles.
En el descargo, Farana sostuvo que la suspensión y la posterior investigación son “nulas” de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial 1246 y la Ley Orgánica de Municipalidades. El exjefe comunal recusó a los concejales acusándolos de actuar simultáneamente como investigadores y juzgadores, situación que consideró que comprometió la imparcialidad del proceso. Asimismo, calificó las observaciones administrativas de la comisión como una “construcción artificiosa” destinada a desplazarlo del poder de manera ilegítima.