dPosta – El Tribunal de Impugnación Penal hizo lugar a la apelación de la querella y ordenó el encierro de Claudio Arhex. Los jueces del tribunal de alzada dieron crédito a la hipótesis de la Fiscalía y rechazaron los argumentos del juez de Control que le concedió domiciliaria, al considerar que en dicho contexto existe riesgo de fuga, podría obstaculizar la investigación y, además, el hecho de no contar con antecedentes no es argumento suficiente para diferenciarlo de los otros dos detenidos ante la gravedad del hecho y las pruebas que lo comprometen.
La causa judicial por el millonario hurto de 250.000 dólares cometido en una vivienda de calle 7 entre 10 y 8 sumó una resolución importante en las últimas horas. El TIP respondió a las apelaciones presentadas por querella y defensa y determinó un revés significativo para Claudio Arhex: revocó el beneficio de arresto domiciliario y ordenó que cumpla con la prisión preventiva en una dependencia policial.
Cabe recordar que en la audiencia de formalización la Fiscalía había solicitado seis meses de prisión preventiva para Claudio Arhex y Gonzalo Torres, mientras que la querella requirió ocho meses y la defensa reclamó la libertad, o prisión domiciliaria para ambos. A la hora de resolver, el juez de Control Alejandro Gilardenghi redujo a dos meses de prisión preventiva la medida de coerción contra Torres, quien ya contaba con una condena en su contra, y en el caso de Arhex, tuvo en consideración que era una persona conocida, que no tenía antecedentes y por ello, quizás, podía llegar a un acuerdo sin caer en la cárcel.
Apelación
El abogado querellante, Jerónimo Altamirano, impugnó el beneficio de Arhex. El TIP hizo lugar a ese recurso y resolvió que ambos procesados cumplan prisión preventiva común por los dos meses fijados en el inicio.
Para revocar el arresto domiciliario, los jueces concluyeron que la ausencia de antecedentes penales no es garantía suficiente frente a un riesgo procesal concreto, en una causa donde la participación de Arhex en el hecho quedó sumamente expuesta por las cámaras de seguridad.
La resolución enumeró tres elementos que justifican el peligro de fuga y obstaculización: la elevada disponibilidad económica del imputado, el haber viajado al exterior al día siguiente del robo y conductas explícitas destinadas a ocultar pruebas en el transcurso de la pesquisa.
Entre esas maniobras obstructivas, el tribunal destacó la negativa a entregar la vestimenta utilizada en el hecho, la ocultación temporal del automóvil Ford Focus que ofició de apoyo logístico y la reticencia inicial a facilitar las cámaras de su comercio.
Por otra parte, el TIP rechazó la apelación de la defensa que reclamaba mejorar la medida de coerción dictada contra sus asistidos. En ese contexto desestimó de plano la hipótesis novelesca, descripta a modo de guion sin pruebas, que apunta a un supuesto “autorrobo”. Como contrapartida, los jueces pusieron en valor los videos que registran con claridad las esperas y traslados de los imputados en la escena.
Avanza la investigación
A pesar de no haber impugnado las preventivas de Arhex y Torres, el fiscal Damián Campos tiene ahora el camino más allanado para acelerar en el resto de las pruebas pendientes del legajo. En ese contexto, se cree que un paso clave será el análisis de los teléfonos celulares secuestrados para determinar cuántos son los integrantes de la banda que actuó en el golpe.
Además del autor material Mauricio Bajo, y de los coautores Arhex y Torres, la Fiscalía busca establecer la responsabilidad real de la social de la víctima, Luján Luna, quien ya fue formalizada y puesta en libertad, pero se sospecha que podría haber actuado como entregadora de Prada. Se cree que no todos los teléfonos serán de utilidad, ya que Arhex esquivó los procedimientos policiales y cuando se entregó en sede de Fiscalía habría entregado otro teléfono. Tampoco sería de extrañar que de la triangulación de contactos entre celulares aparezca otro personaje como colaborador externo de la banda.
Mientras avanzan las distintas medidas de prueba, el encierro podría también acelerar un acuerdo de partes a partir de la aparición del botín. Se sabe que dos de los detenidos, si fueron los autores y se gastaron la plata, tendrían recursos suficientes como para poner sobre la mesa los 250 mil dólares. Y los días transcurridos dentro de una celda podrían ser clave para esa resolución, ya que alguno de los involucrados jamás estuvo en esa situación.