dPosta – La aprobación en el Senado de la Nación Argentina de la modificación de la Ley de Glaciares encendió alarmas en distintos puntos del país y, particularmente, en La Pampa, donde el debate excede la cuestión ambiental para instalarse de lleno en la seguridad hídrica, la producción y la equidad territorial.
El proyecto obtuvo media sanción y ahora será tratado en la Cámara de Diputados de la Nación, en medio de fuertes cuestionamientos de sectores científicos, organizaciones ambientalistas y gobiernos provinciales. La iniciativa introduce cambios en los criterios de protección del ambiente glaciar y periglacial, habilitando la posibilidad de desarrollar actividades económicas —principalmente vinculadas a la minería— en áreas que hasta ahora permanecían bajo resguardo.
Especialistas advierten que esto podría traducirse en una reducción efectiva de la superficie protegida y en una flexibilización de controles, en un contexto global de crisis climática donde los glaciares cumplen un rol estratégico como reservas de agua dulce.
El problema aguas arriba
Desde la mirada pampeana, la discusión no es técnica ni distante. Aunque los glaciares no se encuentren en territorio provincial, los sistemas hídricos que abastecen a La Pampa nacen en la cordillera y dependen del funcionamiento de esos ecosistemas.
Las cuencas del Atuel, del sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó y del río Colorado son esenciales para el equilibrio ambiental, social y productivo pampeano. Cualquier alteración en las nacientes —advierten desde el Gobierno provincial— repercute aguas abajo, condicionando caudales, calidad del agua y, en consecuencia, la matriz productiva y el desarrollo regional.
“Se trata de la base misma del sistema que garantiza el agua en territorios aguas abajo”, remarcaron desde la administración provincial, al señalar que la eventual flexibilización normativa podría generar efectos acumulativos de difícil reversión.
Un antecedente que pesa
El debate adquiere mayor densidad política si se lo vincula con el histórico conflicto entre La Pampa y Mendoza por la gestión unilateral del río Atuel. La experiencia, sostienen en la Provincia, demostró que las decisiones adoptadas en territorios aguas arriba pueden generar consecuencias profundas: desertificación, pérdida de biodiversidad, afectación productiva y conflictos sociales persistentes.
En ese marco, la reforma es leída como un posible agravante de la problemática interjurisdiccional, al debilitar estándares comunes y habilitar criterios diferenciados según cada provincia. “La Pampa tiene una memoria hídrica dolorosa, y en este contexto nuevamente quedaría en manos de Mendoza la decisión de proteger o no las nacientes de nuestros ríos, dejando a nuestro territorio en una situación de vulnerabilidad”, advirtió una funcionaria provincial.
El debate continúa en Diputados
Con la media sanción ya otorgada, el foco se traslada ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un tratamiento igualmente intenso. En juego no está únicamente una ley, sino el modelo de gestión de los bienes comunes en un país federal: si prevalecerá una lógica fragmentada, donde cada provincia define en soledad, o un esquema con reglas comunes que garanticen equidad y sustentabilidad.
Desde la perspectiva pampeana, reducir los estándares de protección implicaría un retroceso en la política ambiental nacional y una posible vulneración del principio de no regresión, ampliamente reconocido en el derecho ambiental.
“La Pampa ya conoce las consecuencias devastadoras de que otras jurisdicciones manejen los recursos hídricos de forma unilateral. No podemos permitir que el concepto de ‘progreso’ de unos pocos condene a nuestra Provincia”, sostuvo la secretaria.
Para la Provincia, la discusión tiene una dimensión existencial: sin agua no hay producción, no hay equidad social, no hay ecosistemas funcionales y no hay futuro posible. Y en esa ecuación, los glaciares —aunque lejanos en geografía— ocupan un lugar central.