dPosta – En el marco del último encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), autoridades nacionales ratificaron un drástico recorte en el Programa Remediar, que reducirá progresivamente su vademécum de 79 medicamentos esenciales a 30 en mayo, 16 en junio y apenas tres a partir de septiembre.
La medida implica un cambio profundo en una política pública clave que, desde 2002, garantizó el acceso gratuito a fármacos básicos para amplios sectores de la población. Con el nuevo esquema, la cobertura quedará limitada a tratamientos vinculados a patologías cardiovasculares, dejando afuera antibióticos, analgésicos, corticoides, psicotrópicos, anticonvulsivos y medicamentos ginecológicos, entre otros.
Frente a este escenario, el Gobierno de La Pampa confirmó que sostendrá la provisión de los medicamentos retirados por Nación. El subsecretario de Salud provincial, Gustavo Vera, aseguró que “el Estado provincial reafirma su soberanía sanitaria” y remarcó que “con enorme esfuerzo se garantizará la cobertura para los sectores más vulnerables”.
“Nos vemos obligados a absorber el porcentaje que antes enviaba Nación, debido a una decisión que denota desconocimiento e insensibilidad en materia de salud”, sostuvo el funcionario, quien además destacó que el gobernador Sergio Ziliotto considera a la salud como “una prioridad real”.
Por su parte, el director general de Licitaciones y Gestión del Ministerio de Salud, Guillermo Rodríguez Soto, advirtió que el desfinanciamiento del programa es crítico. Según precisó, la inversión nacional pasó de un promedio anual de 5.800 millones de pesos en 2023 a 3.200 millones en 2025, lo que derivará en la eliminación del 96% del vademécum histórico.
El funcionario explicó que, de mantenerse esta tendencia, en septiembre de 2026 el programa sería discontinuado definitivamente, dejando en situación de vulnerabilidad al 37% de la población que no cuenta con cobertura de seguridad social.
Además, alertó sobre el impacto sanitario de la medida: “Lo que hoy no se resuelve en los centros de atención primaria por falta de medicamentos, mañana se transformará en urgencias hospitalarias, sobrecargando el sistema público”.
En ese sentido, subrayó que la Provincia enfrenta un fuerte incremento en las inversiones destinadas a la compra de insumos, pero reafirmó que “la salud es un derecho, no un costo”. También advirtió que, sin la intervención estatal, pacientes con enfermedades crónicas, niños, personas mayores y usuarios del sistema de salud mental quedarían expuestos a los precios del mercado y en riesgo de abandonar sus tratamientos.
Finalmente, Rodríguez Soto consideró que los recortes nacionales generan “una asfixia financiera intencionada sobre las provincias” y profundizan las desigualdades regionales. “Donde hay menos recursos, habrá más enfermedad. La salud no puede ser una variable de ajuste”, concluyó.
