dPosta – La Justicia de La Pampa responsabilizó al Estado provincial por la muerte de un detenido ocurrida en la Alcaidía de la Unidad Regional II de General Pico y ordenó el pago de una indemnización millonaria a su familia.
La sentencia fue emitida por la jueza Susana E. Fernández, quien concluyó que la Provincia incumplió con su obligación de garantizar la seguridad de las personas alojadas bajo su custodia. En consecuencia, dispuso una reparación económica de 32 millones de pesos para la madre de Gonzalo Horacio Muñoz, víctima de un ataque perpetrado por otros internos.
El episodio se registró el 13 de marzo de 2024. Según quedó acreditado en la causa, varios detenidos ingresaron armados con elementos punzantes a una celda donde se encontraba Muñoz y lo atacaron violentamente. Como consecuencia de las heridas sufridas, el hombre falleció cuatro días más tarde mientras permanecía internado en el hospital de General Pico.
Durante el proceso judicial, la representación de la familia sostuvo que el Estado no cumplió adecuadamente con las tareas de vigilancia y prevención exigidas para resguardar la integridad física de quienes permanecen detenidos. Por el contrario, la Fiscalía de Estado argumentó que el personal policial había actuado conforme a los protocolos establecidos y que el hecho respondió a una agresión imprevisible entre internos.
La magistrada descartó esa postura y entendió que la administración provincial mantiene una responsabilidad directa sobre las condiciones de seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, señaló que la obligación de proteger la vida y la integridad de los detenidos no puede verse desplazada por la intervención de terceros cuando los hechos ocurren en un ámbito completamente controlado por el Estado.
Entre los elementos valorados para arribar a esa conclusión, la jueza tuvo en cuenta la sentencia penal que condenó a cuatro internos como responsables del homicidio. Además, destacó que la presencia de armas blancas fabricadas dentro del penal y la posibilidad de organizar un ataque de esas características evidenciaron deficiencias en los controles preventivos y en las tareas de supervisión.
Al fijar el monto indemnizatorio, el tribunal evaluó el daño moral ocasionado a la madre de la víctima y consideró que correspondía otorgar una suma superior a la reclamada inicialmente. Por ello, estableció una compensación de 32 millones de pesos, que devengará intereses desde la fecha de la resolución judicial. Asimismo, las costas del proceso quedaron a cargo de la Provincia por resultar la parte vencida en el litigio.