dPosta – El juez de control de General Acha, Diego Ariel Asin, dictó sentencia condenatoria contra una mujer de 44 años y su hijo de 20, responsables de una violenta agresión contra la hija y hermana de la víctima, de tan solo 12 años de edad. La condena, fijada en seis meses de prisión de ejecución condicional, surge de un acuerdo de juicio abreviado. Además de la pena, a los agresores se les impuso una prohibición de contacto total con la menor, salvo posible revinculación autorizada por la Dirección de Niñez y Adolescencia.
Detalles de la agresión
Los hechos, que fueron admitidos por los imputados, ocurrieron en la vivienda familiar en una localidad del sudeste provincial. La madre, en un primer momento y estando sola con su hija, la arrojó al piso de la cocina y le propinó golpes “en reiteradas oportunidades y en varias parte de su cuerpo, con dos palos de madera”, según detalla el fallo. La niña logró encerrarse en el baño para protegerse.
Posteriormente, el hermano llegó al domicilio y llevó a la víctima a una habitación. Allí la golpeó con el puño en la cabeza, la empujó contra la pared, la agarró del pelo y la amenazó con dejarla pelada usando una máquina de cortar pelo. El episodio escaló cuando el joven “la ahorcó en el pasillo hasta intentar asfixiarla”, causándole una caída al piso, tras lo cual volvió a golpearla con una piña. Estos hechos se dieron en presencia de la madre y la novia del agresor. La médica forense constató las contusiones sufridas por la menor.
Fundamentos de la sentencia
La madre fue declarada culpable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo, mientras que el hermano fue condenado por lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas simples en concurso real. Ambos cargos se enmarcan en las Leyes de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (26.485) y de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061).
Para homologar la condena, el magistrado consideró no solo el reconocimiento de culpabilidad de los imputados, sino también una serie de pruebas independientes, incluyendo la denuncia de la Unidad Local de Protección de Derechos, certificados médicos e informes de diversas oficinas oficiales, y las declaraciones de la víctima en Cámara Gesell.
Reglas de conducta impuestas
Durante un periodo de dos años, los condenados deberán cumplir una serie de reglas de conducta que incluyen: fijar residencia y someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras; la prohibición de contacto con la víctima por cualquier medio (personal, telefónico, redes sociales); abstenerse del uso de estupefacientes o del abuso de bebidas alcohólicas; y realizar tratamientos psicológicos. La única excepción a la restricción de contacto es la posible revinculación familiar, supeditada a la decisión de la Dirección de Niñez y Adolescencia.