dPosta – El Ejecutivo Municipal de General Pico busca transformar la política de asistencia social frente a la crisis económica. Envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca modificar la modalidad en que la Secretaría de Desarrollo Social brinda ayuda a las familias en situación de vulnerabilidad para cubrir el pago de servicios esenciales. La propuesta central es terminar con la transferencia directa de dinero a los beneficiarios y establecer un esquema de pago directo a la cooperativa Corpico que, en principio, evite el corte de luz y agua potable.
La secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Echegaray, fue contundente al explicar la lógica del cambio: el objetivo es garantizar que, sin excepciones, cada peso destinado por el municipio se traduzca efectivamente en la cancelación de deudas de luz y agua. “Ese dinero debe ser utilizado para el pago de, en este caso, la deuda de luz. Para nosotros, el concepto hogar constituye deuda de luz, deuda de gas, deuda por sostenimiento del hogar”, enfatizó la funcionaria.
El obstáculo del sistema financiero
Uno de los puntos críticos que motivó este cambio es un fenómeno técnico que estaba afectando la eficacia de los subsidios: la absorción automática por parte de las entidades financieras. Actualmente, cuando el municipio deposita una transferencia económica en la cuenta de un ciudadano, si este presenta deudas previas con el sistema bancario, los fondos son absorbidos automáticamente para cubrir esos saldos negativos.
“El sistema financiero hoy es otra gran cuestión que tiene que ver con el endeudamiento de la familia. El sistema absorbe tu plata automáticamente cuando a vos te depositan cualquier cosa y tenés una deuda, así sea un subsidio que es una transferencia personal, te lo absorbe”, detalló Echegaray. Esta dinámica dejaba a las familias en una encrucijada, ya que la asistencia estatal, diseñada para evitar el corte de servicios, terminaba siendo retenida por los bancos, dejando al usuario nuevamente en el punto de partida y con el riesgo latente de perder el suministro.
La magnitud de la crisis
La urgencia de esta modificación legislativa se sustenta en estadísticas que pintan un panorama complejo para la ciudad. Según registros de la cooperativa local, se producen mensualmente alrededor de 1.700 cortes de suministro por falta de pago, sumando hogares particulares y comercios.
La inversión municipal para mitigar este impacto ha crecido de forma exponencial: en el mes de mayo, el municipio invirtió más de 35 millones de pesos para cubrir las necesidades de más de 260 grupos familiares. “Casi se ha duplicado la asistencia. Es muchísimo el dinero que estamos invirtiendo en acompañamiento, por eso necesitamos que la plata, sea un peso o 1.000 pesos, vaya a parar al servicio”, recalcó la secretaria.
El “ciclo de deuda”
Desde la Secretaría, se ha identificado un círculo vicioso del que muchas familias no pueden escapar. En muchos casos, los usuarios destinan lo poco que tienen solo para pagar la reconexión tras un corte, pero el capital adeudado sigue creciendo. Esta acumulación de boletas impagas ha escalado a niveles alarmantes, alcanzando cifras de hasta un millón de pesos por hogar, excediendo ampliamente las tres boletas vencidas que la cooperativa permita hasta confirmar el corte del servicio.
El nuevo sistema permitirá que el municipio intervenga analizando, caso por caso y a partir de informes socioeconómicos, cuáles son las deudas realmente exigibles, permitiendo una planificación más precisa.
Echegaray aclaró que el municipio no busca hacerse cargo de servicios complementarios o de consumo opcional: “Lo que queremos es perfeccionar esto para que las familias no se queden sin luz; esto nos permite tener previsibilidad. Queremos garantizar que no corten el servicio, pero si alguien decide contratar un plan de ‘triple play’ adicional, eso deberá ser solventado por la propia familia”.
Sí se analizaría también caso por caso los Servicios Sociales, que incluyen los sepelios, ya que se trata de un gasto muy importante que hoy muchas familias no pueden afrontar.
Un cambio en la demanda social
Finalmente, la funcionaria trazó un balance sobre cómo han mutado las necesidades de la población piquense en el último medio año. Mientras que durante los primeros dos años de gestión la prioridad era la asistencia alimentaria —apuntalada por programas como el RAFE—, el escenario ha virado hacia la urgencia por el pago de servicios y alquileres. “Ahora, lo que notamos es un sector de población que no llega; si no tiene el aporte económico del municipio, no puede sostener el alquiler”, concluyó Echegaray, ratificando que el nuevo sistema es una respuesta adaptativa a una realidad social cada vez más exigente.