dPosta – El proceso de desinversión y enajenación de activos públicos nacionales suma un nuevo y polémico capítulo en la provincia de La Pampa. El Gobierno nacional, a través de sus organismos de administración de bienes, decidió avanzar con la puesta en venta de un predio de enorme valor logístico: se trata de unas 11 hectáreas (exactamente 115.000 metros cuadrados) pertenecientes al cuadro de la estación de Lonquimay, en el departamento Catriló.
Esta decisión no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una política sistemática de desafectación de terrenos ferroviarios que ya ha tenido precedentes cercanos en la región. Durante el transcurso de 2024, la administración central ya había puesto bajo el martillo otros dos terrenos clave en territorio pampeano. El primero, ubicado en la localidad de Sarah, donde opera una planta de acopio de la multinacional Louis Dreyfus Company; el segundo, un extenso predio de 27 hectáreas en Santa Rosa, situado sobre la calle Camino del Centenario, en una zona de alta valorización inmobiliaria debido a su proximidad con el proyecto de la nueva terminal de ómnibus.
En el caso específico de Lonquimay, la situación presenta aristas particulares. Gran parte de las tierras afectadas ya se encuentran bajo explotación comercial mediante contratos de alquiler. Empresas de peso en el sector agroindustrial, como la acopiadora Lartirigoyen y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), además de otras tres firmas de capital local, utilizan estos terrenos para sus operaciones de almacenaje y logística. Por este motivo, en el ámbito sectorial se descuenta que el destino final de estas tierras será la consolidación en manos de estas mismas empresas, repitiendo el esquema observado en otras subastas donde el ocupante actual termina adquiriendo el activo.
La estación de Lonquimay tiene un peso simbólico y funcional importante en la historia reciente. Hasta hace apenas una década, funcionaba como una de las paradas intermedias del servicio de pasajeros que unía Catriló con Santa Rosa. Este ramal fue uno de los 12 trayectos clausurados durante la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, período en el que el predio estaba bajo la concesión de Ferroexpreso Pampeano (Fepsa).
Desde el sector sindical, las reacciones no se hicieron esperar. El gremio de los maquinistas, La Fraternidad, emitió un duro comunicado en el que denuncia la transformación del Estado en una “gran inmobiliaria”. Según los trabajadores, mientras el país pierde conectividad y se suprimen servicios de pasajeros —ya suman 12 los cancelados en los últimos dos años—, el organismo encargado de administrar los bienes ferroviarios se dedica exclusivamente a la recaudación de corto plazo.
A diferencia de subastas de años anteriores, donde la venta de terrenos en áreas metropolitanas se justificaba legalmente para financiar obras de infraestructura como viaductos o pasos bajo nivel, la normativa actual no obliga al Ejecutivo a reinvertir lo recaudado en el sistema ferroviario. Los fondos ingresan directamente al Tesoro Nacional con fines puramente fiscales, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público.
Informes previos de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya habían advertido sobre irregularidades en este tipo de operaciones, detectando ventas por debajo del valor de mercado y errores de cálculo en las tasaciones oficiales. Hoy, el panorama se agrava con el avance de la privatización de Trenes Argentinos Cargas y la operadora Sofse, procesos que no contemplan obligaciones de inversión para los privados, dejando el futuro de la infraestructura —y de las tierras que hoy se rematan— en una zona de total incertidumbre para el interés público.