dPosta – El segundo día del juicio por el homicidio de Gonzalo Muñoz, ocurrido en marzo de 2024 en la Alcaidía de General Pico, se convirtió en un campo de batalla de versiones. Si bien la Fiscalía presentó testigos para reforzar la hipótesis de un ataque brutal e inmotivado contra la víctima, las defensas lograron sembrar dudas sobre la credibilidad de los relatos y, al mismo tiempo, dejaron al descubierto las graves deficiencias de control y cuidado que rigen dentro del sistema de encierro.
Tras escuchar la versión de los acusados el día anterior —quienes alegaron haber actuado por temor a un Muñoz armado y dispuesto a “limpiar” el pabellón—, este miércoles le tocó el turno a los testigos de la acusación. Los testimonios, tanto del compañero de celda de la víctima como de los policías de guardia, pintaron un escenario donde Muñoz era una persona tranquila, agredida brutalmente sin motivos aparentes por un grupo coordinado de presos.
Cabe recordar que la persona fallecida era muy conocida en el ambiente carcelario, donde purgó penas por diversos delitos. En marzo de 2024 se encontraba cumpliendo prisión preventiva por tirotear un auto en un barrio y, en el mismo día, disparar contra una persona en barrio Malvinas.
El giro del compañero de celda
El primer testigo en pasar fue Javier Aires, quien se encontraba con Muñoz en la celda 1 en el momento del ataque. Aires relató que Muñoz había ingresado al pabellón con “una punta” (un elemento punzocortante) y que, tras ser invitado a pelear “mano a mano” por otro interno de apellido Valdez, la víctima rechazó la propuesta, buscando una confrontación “con faca y poncho”. Esto provocó que Valdez pidiera ser retirado.
Aires luego sostuvo que Muñoz se había tranquilizado y había aclarado a los demás internos que no causaría problemas, ya que le quedaban pocos días para recuperar la libertad. Según su versión ante el Tribunal, el pabellón “se planchó”, pero él sospecha que los acusados simularon una aceptación para ganarse la confianza de Muñoz y atacarlo por sorpresa. Identificó a Schneider, Pérez Albornoz, Alcalde y Aballar como los agresores que entraron a la celda y atacaron a Muñoz, quien no tuvo posibilidad de defensa.
No obstante, el testimonio de Aires contenía un antecedente crucial: recordó que, inmediatamente después de los hechos, había dado una versión falsa a la policía y al fiscal, asegurando que Muñoz lo había apuñalado y que el resto de los detenidos había intervenido para rescatarlo. Dijo que esta versión inicial le fue impuesta bajo amenaza por los cuatro acusados. Sin embargo, al día siguiente acudió a Fiscalía para contar “la verdad”, que es la misma que relató este miércoles, apuntando a un ataque sin provocación.
Beneficios detrás de la “verdad”
Los abogados defensores mostraron una evidente indignación durante ciertos tramos de los interrogatorios, siendo llamados al orden por el Tribunal en más de una ocasión. A través de sus preguntas, la Defensa insinuó una “verdad” armada con beneficios para múltiples partes.
Según los interrogatorios, la versión de Aires en Fiscalía tras el cambio de su testimonio le reportó beneficios directos. Pasó de cumplir prisión por hurto a recibir “protección” con prisión domiciliaria y un traslado a la Comisaría de Intendente Alvear, considerada una dependencia “vip” entre los lugares de detención en la provincia. Además, Aires contaría con un plus por su aporte que se plasmaría en otra causa paralela por “tentativa de homicidio”, que estaría a punto de negociarse en un acuerdo de partes por “lesiones graves”.
Esta “verdad” de Aires, beneficiaría a su vez a la Fiscalía al cerrar una teoría de caso coherente, a pesar de las dificultades probatorias: testigos complejos para obtener relatos verídicos y cámaras de pésima definición que solo registran movimientos y ausencia de imágenes del momento crucial del ataque. Finalmente, este relato desvía la atención de las graves fallas de seguridad y cuidado de los detenidos por parte de la policía, focalizando toda la culpa en cuatro internos.
Las fallas y el relato
El sargento Daniel Juárez, guardia en turno el día del incidente, fue el segundo testigo. El policía afirmó que fue Muñoz quien solicitó el traslado al Pabellón 1 y que, tras consultar a sus superiores, se le sometió a una requisa “al detalle” –término que repitió al menos tres veces–, asegurando que se le dio ingreso sin ningún elemento punzocortante. Este punto entró en contradicción con todos los testimonios de los presos, las imágenes que muestran a Muñoz blandiendo algo, e incluso con la propia acusación fiscal.
Juárez explicó el término “pasada” y la supuesta “aceptación” del grupo tras el incidente con Valdez. El pabellón “se planchó” hasta que se escuchó un fuerte ruido en el “chapón”, momento en que los atacantes arrastraron a Muñoz, ya herido, hacia la salida.
Un dato que generó especial asombro fue el hallazgo de una faca fabricada con una “bombilla” oculta en un lugar “raro”, sobre la espalda de Muñoz, descubierta cuando estaba en Enfermería. Ante el cuestionamiento de los defensores, el guardia admitió que los presos “siempre están haciendo facas” y reveló un dato aún más alarmante sobre la seguridad: las requisas dentro de la Alcaidía se realizaban con una periodicidad de “cada tres meses”. Finalmente, Juárez confirmó una grave delegación de responsabilidad por parte del Estado, al admitir que el preso que pide un traslado de pabellón debe firmar un papel donde “se hace cargo de su seguridad”. Los dos guardias que declararon posteriormente ratificaron la línea del sargento Juárez, sumando más dudas sobre los controles de la Alcaidía.