dPosta – El gobierno de Javier Milei anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra cinco compañías petroleras por realizar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas sin autorización argentina y anticipó que las acciones alcanzarán también a sus directivos. Lo curioso es que ya fueron denunciadas hace diez años en Tierra del Fuego.
La decisión fue comunicada oficialmente por Oficina de Presidencia y alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited, Navitas Petroleum LP, NVP 1 South Associates LP y Rock Petroleum (FI) Ltd.
En uno de los pasajes políticamente más duros del comunicado, la Casa Rosada sostuvo que las compañías cuentan con permisos otorgados por el “ilegítimo gobierno del Reino Unido” para realizar tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno afirmó que esas operaciones se realizan sin las correspondientes autorizaciones de la República Argentina y las encuadró como una violación de la Ley 26.659, que establece las condiciones para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
Presidencia anunció además que la denuncia no estará dirigida solamente contra las sociedades sino también contra sus autoridades, a quienes buscará atribuir responsabilidad por las operaciones realizadas en el área en disputa.
“La República no tolerará acciones unilaterales que pretendan disponer de recursos naturales argentinos”, sostiene el comunicado.
La Casa Rosada agregó que utilizará “todas las herramientas jurídicas e institucionales” disponibles para impedir que continúe la explotación. El texto reivindica además la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y presenta la denuncia como una acción concreta para proteger los recursos naturales argentinos.
La ofensiva del Gobierno tiene un antecedente judicial importante. Hace más de diez años la Justicia Federal de Tierra del Fuego ya había recibido una denuncia penal por la explotación petrolera en Malvinas basada en la misma legislación que ahora invoca Milei.
En abril de 2015, los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella impulsaron ante el Juzgado Federal de Río Grande una investigación contra Rockhopper Exploration, Premier Oil, Falkland Oil and Gas, Noble Energy y otras compañías por la presunta realización de “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas”.
Los fiscales sostuvieron entonces que las petroleras actuaban sin contar “con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina”.
La presentación había surgido de una denuncia realizada por el entonces canciller Héctor Timerman y el ministro Julio De Vido, con intervención de la Procuración del Tesoro. Aquel requerimiento también puso el foco sobre la responsabilidad personal de quienes conducían las compañías.
El Ministerio Público recordó que la Ley 26.659 permite alcanzar a “directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que intervengan en las operaciones prohibidas.
El antecedente adquiere especial relevancia porque entre las compañías investigadas estaba Premier Oil, que años después se fusionó con Chrysaor para formar Harbour Energy. Los fiscales identificaban además a Premier como operadora de pozos en la Cuenca Malvinas Norte, incluido uno vinculado específicamente con Sea Lion, el gigantesco desarrollo petrolero que vuelve a colocar la disputa por los recursos de las islas en el centro de la agenda.
La comunicación de Presidencia retoma así, una década después, el mismo encuadre jurídico que el Estado argentino utilizó para llevar la explotación petrolera de Malvinas a la Justicia Federal. Esta vez, Milei decidió subir además el tono político: no sólo promete acciones penales contra las empresas y sus autoridades, sino que define expresamente como “ilegítimo” al gobierno británico que les concedió los permisos.
La denuncia vuelve todavía más explosivo el caso Harbour Energy: mientras Milei pide llevar a la Justicia a las compañías que operan en Sea Lion por violar la Ley 26.659, su propio gobierno permitió que Harbour -continuadora de Premier Oil, sancionada por la Argentina por su participación en Malvinas- se incorporara al negocio energético local y terminara como socia en Southern Energy, proyecto al que Caputo le concedió los beneficios extraordinarios del RIGI.
La ofensiva contra Navitas obliga ahora al Gobierno a explicar por qué aplica la legislación de Malvinas hacia un lado mientras el antecedente de Harbour atravesó todos los controles oficiales.
Fuente: LPO