dPosta – La pulseada judicial por la protección de los hielos continentales y el ecosistema periglaciar ha encontrado un epicentro inesperado: la ciudad de Santa Rosa. El juez federal Juan José Baric se declaró competente para intervenir en el amparo colectivo ambiental presentado en La Pampa contra la reciente reforma de la Ley de Glaciares. La decisión no es menor: al inscribir formalmente la causa ante el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juzgado pampeano se convierte en el “imán” que atraerá y absorberá cualquier planteo similar que se inicie en cualquier otro punto de la geografía argentina.
La medida surge como respuesta a la demanda articulada por un frente diverso pero cohesionado: el Estado provincial, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Este bloque sostiene que las modificaciones introducidas por la Ley 27.804 no solo son inconstitucionales, sino que representan una amenaza directa y letal para el río Colorado, principal arteria hídrica de la que depende el 70 por ciento de la población pampeana para su subsistencia.
El argumento técnico y político que sostiene el fallo de Baric se apoya en una acordada de la Corte Suprema del año 2016. Esta normativa busca evitar el caos jurídico: ante un planteo que afecta derechos colectivos y comunitarios, debe existir un solo juzgado que nuclee las presentaciones para impedir que distintos magistrados dicten sentencias contradictorias sobre un mismo tema. Así, si una ONG de Mendoza, Neuquén o Chubut decidiera impugnar la reforma, su expediente terminará, indefectiblemente, en los despachos de Santa Rosa.
La fiscal federal Iara Silvestre ya había allanado el camino con un dictamen favorable a la competencia local. Ahora, con la confirmación de Baric, el expediente entra en su fase más crítica: definir si se hace lugar a la medida cautelar que solicita la suspensión inmediata de la ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En el corazón del reclamo pampeano yace el miedo a la “regresividad ambiental”. Según los demandantes, patrocinados por la fiscal de Estado Romina Schmidt y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la nueva ley rompe el estándar uniforme de protección que existía desde 2010. Al transferir competencias a las provincias para definir qué es y qué no es un área protegida, se abre una rendija por la que podrían colarse proyectos mineros a gran escala en las nacientes del río Colorado, en territorio mendocino.
Para La Pampa, la reforma es un traje a medida de las multinacionales mineras. Advierten que la fragmentación de criterios técnicos debilitará la protección de los cuerpos de hielo que alimentan las cuencas, lo que derivaría en una contaminación irreversible y una disminución drástica del caudal en un contexto de crisis hídrica permanente.
La estrategia no estuvo exenta de chispazos políticos internos. El diputado radical Hipólito Altolaguirre cuestionó que el oficialismo eligiera la justicia federal local en lugar de ir directamente a la Corte Suprema, sugiriendo que esto podría generar demoras. La respuesta de la Fiscalía de Estado fue tajante: ir a la Corte hubiese limitado la participación de la UNLPam y las organizaciones civiles al rol de “amicus curiae” (amigos del tribunal). Al elegir la vía del amparo colectivo en el juzgado de Baric, estas instituciones son parte activa de la demanda, garantizando que el reclamo no sea solo estatal, sino una verdadera causa social.
Ahora, la pelota está en el campo del Gobierno nacional. Se espera que la Casa Rosada intente cuestionar la decisión de Baric y busque elevar el caso directamente al máximo tribunal del país para recuperar el control del litigio.