dPosta – El Juzgado Federal de Santa Rosa recibió en las últimas horas un amparo colectivo impulsado por una amplia coalición de la sociedad civil, integrada por científicos, asambleas ciudadanas y referentes del derecho. El objetivo es contundente: declarar la inconstitucionalidad de la Ley 27.804, sancionada recientemente, por considerarla un retroceso ambiental sin precedentes que pone en riesgo inminente las reservas estratégicas de agua dulce del país.
La demanda destaca por su magnitud social y política, apoyada por el respaldo de más de 850.000 firmas recolectadas en las 24 jurisdicciones argentinas. Entre los demandantes figuran entidades de peso internacional como Greenpeace, Amnistía Internacional, el CELS y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, junto a asambleas territoriales de San Juan, Mendoza y Chubut.
Para estos sectores, la defensa de los glaciares ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en una “causa nacional” que involucra el acceso básico al agua y la posibilidad de un futuro habitable en los territorios.
El escrito judicial detalla un proceso legislativo “atolondrado” que derivó en tres cambios críticos que desmantelan el espíritu de la normativa anterior. Primero, la nueva ley elimina la protección automática de los glaciares por su sola existencia, exigiendo ahora demostrar que actúan como proveedores de agua para la recarga de cuencas, una distinción que deja áreas vulnerables a la discrecionalidad política.
En segundo lugar, se denuncia el vaciamiento de las facultades del IANIGLA, permitiendo que las provincias descataloguen glaciares basados en estudios técnicos que, de forma alarmante, podrían ser realizados por las propias empresas interesadas en la explotación de la zona.
Finalmente, la Ley 27.804 abre la puerta a la minería en áreas donde antes estaba estrictamente prohibida, siempre que la autoridad local considere que la alteración no es “relevante”.
La elección de radicar la demanda en la capital pampeana no es casual: subraya la dependencia crítica de la provincia respecto a los ciclos hidrológicos de la cordillera. Cualquier alteración en las nacientes repercute directamente en la disponibilidad del recurso hídrico local.
Las organizaciones advierten que no permitirán este retroceso, amparándose en el principio de no regresión ambiental y en el Acuerdo de Escazú, mientras esperan una medida cautelar que frene de inmediato la aplicación de la norma.