dPosta – El Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas iniciarán acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795). La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), bajo la presidencia del rector de la UNLPam, Oscar Alpa.
“40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, destacó el presidente del Consejo, Oscar Alpa, al resumir el consenso alcanzado por la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes.
La controversia surge luego de que la ley, que había sido vetada por el presidente de la nación y ratificada por la oposición el 2 de octubre, fuera promulgada pero inmediatamente suspendida. Sobre este punto, el decano anfitrión, Leandro Vergara, afirmó que “un decreto no puede suspender una ley” y consideró que la medida “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”.
Por su parte, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, señaló que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”. Además, justificó la judicialización del reclamo al manifestar: “Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”.
Adicionalmente a la vía judicial, quienes representan a las universidades públicas resolvieron presentar una solicitud al Congreso Nacional para que se apruebe el presupuesto 2026, contemplando como base los recursos establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario.