dPosta – El sistema universitario público argentino ingresa esta semana en una etapa de parálisis casi total. Bajo el reclamo de una recomposición salarial urgente y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, las federaciones docentes de todo el país inician este lunes un plan de lucha que promete escalar durante todo el primer semestre de 2026.
En la provincia de La Pampa, la adhesión a la medida de fuerza se perfila como masiva. La Asociación de Docentes Universitarios (ADU), con el respaldo de los no docentes de Apulp, decretó un cese de actividades que se extenderá de lunes a viernes.
La situación en la UNLPam refleja un diagnóstico compartido con el resto de las casas de estudio nacionales: los salarios reales de los trabajadores registran una caída del 34% desde noviembre de 2023, mientras que el presupuesto operativo de la universidad se redujo casi un 29% en los últimos dos años.
Oscar Alpa, rector de la UNLPam y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fue contundente al describir el escenario: “Es inconcebible constitucionalmente que alguien no quiera cumplir una ley”, afirmó en referencia a la negativa del Poder Ejecutivo Nacional de aplicar la normativa de financiamiento, a pesar de que el Congreso logró revertir el veto presidencial con una mayoría de dos tercios. Alpa advirtió que el sistema se encamina a un 2026 marcado por el conflicto ante la falta de paritarias y la pérdida del poder adquisitivo.
En todo el país
A nivel nacional, el panorama es igualmente crítico. Las federaciones Conadu y Conadu Histórica establecieron un cronograma de paros progresivos que continuará durante las últimas semanas de marzo y abril, culminando con una Marcha Federal Universitaria el próximo 23 de abril.
En la Universidad de Buenos Aires (UBA), el conflicto ha tomado un cariz más radical: los docentes de AGD-UBA votaron un paro por tiempo indeterminado hasta que se abone el 55,4% de aumento contemplado por ley. Según sus registros, el salario real docente se encuentra hoy en niveles inferiores a los de la crisis de 2004.
El trasfondo legal del conflicto sumó un capítulo judicial clave en diciembre pasado. Ante el amparo presentado por más de 40 universidades, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que suspende el decreto oficial que postergaba la aplicación de la ley. Pese a este revés judicial, el Gobierno nacional insiste en una propuesta de incrementos escalonados del 4,1% que elimina actualizaciones automáticas por inflación, oferta que los gremios han rechazado unánimemente.
Con las aulas vacías en Santa Rosa y General Pico, y un sistema federal que comienza a dar señales de agotamiento estructural, el conflicto universitario se posiciona como el primer gran desafío político y social del año, donde el cumplimiento de la ley vigente es la única llave para destrabar la parálisis académica.