dPosta – Emanuel Ortega y Daiana Apelans, la pareja de General Pico denunciada penalmente por la presunta apropiación de un bebé de cuatro meses, rechazaron las acusaciones y aseguraron que actuaron desde el comienzo dentro de los procedimientos que consideraban correspondientes. Luego que el Gobierno informara sobre las actuaciones en el caso, la pareja salió este lunes por distintos medios de comunicación a contar su versión de los hechos. Según explicaron, recibieron al niño durante 18 días luego de que su madre biológica, que se encontraba en situación de calle, se los entregara voluntariamente para evitar que fuera trasladado a un dispositivo institucional.
La pareja sostuvo que antes de recibir al bebé buscó asesoramiento legal y que posteriormente concurrió junto con la madre a la Comisaría Cuarta, donde realizaron una exposición. Al día siguiente se presentaron ante la Unidad Local de Niñez para informar la situación y, según su relato, fueron entrevistados por profesionales del organismo.
El ingreso del bebé
Ortega explicó que el contacto con la madre se produjo el 17 de agosto a través de un familiar. Según su versión, la mujer les manifestó que la Unidad Local iba a retirar al niño al día siguiente y trasladarlo a un dispositivo de contención.
La pareja decidió entonces recibir al bebé y, de acuerdo con su relato, formalizó la situación ante la Policía. Ortega aseguró que acompañó a la madre hasta la Comisaría Cuarta y que allí realizaron una exposición conjunta respecto del cuidado del niño.
Al día siguiente, ambos concurrieron a la Unidad Local de Niñez. Allí, siempre según el testimonio de la pareja, fueron entrevistados junto con la madre del bebé y se les indicó que el pequeño podía permanecer provisoriamente bajo su cuidado.
Ortega sostuvo que conservaron documentación de esas actuaciones y que cuentan con una carpeta donde reunieron los papeles correspondientes al período en que tuvieron al niño.
La denuncia
La situación cambió cuando la pareja fue notificada de una denuncia penal promovida a partir de la intervención de una trabajadora social del organismo de protección. La acusación apunta a la presunta apropiación del niño y al aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
Ortega negó que hayan intentado apropiarse del bebé y explicó que su intención, según sostuvo, fue asistir a un niño que se encontraba en una situación de vulnerabilidad.
También rechazó que hayan actuado de manera clandestina. En ese sentido, insistió en que concurrieron tanto a la comisaría como a la Unidad Local y que pusieron en conocimiento de los organismos correspondientes la situación del bebé.
Durante los 18 días que el niño permaneció en la vivienda de la pareja, señalaron que recibió atención médica debido a un cuadro de bajo peso y falta de controles. Según su relato, durante ese período aumentó alrededor de un kilo y medio.
El retiro
Uno de los principales cuestionamientos de la pareja está relacionado con el momento en que se produjo el retiro del bebé. Ortega consideró que, si existían dudas sobre la situación, los organismos podían haber intervenido desde el comienzo y evaluar entonces las condiciones en las que se encontraba el niño y las circunstancias en que había llegado a la vivienda.
En cambio, sostuvo que la intervención se produjo después de 18 días, cuando ya se había establecido un vínculo afectivo entre ellos y el bebé.
La pareja describió ese vínculo como cotidiano y sostuvo que el niño se tranquilizaba cuando estaba con ellos. Ese argumento forma parte de su reclamo para que se revise la decisión que derivó en su traslado a un dispositivo de contención estatal.
La situación también fue relacionada por Ortega con el caso del bebé de Rancul, cuya familia de contención reclama que el niño permanezca bajo su cuidado. El hombre consideró que la actuación contra ellos podría estar vinculada con los cuestionamientos que surgieron alrededor de ese caso y calificó la intervención como una “jugada de la Unidad Local”.
Reclamo judicial
La pareja sostuvo que actualmente busca aclarar la situación ante la Justicia y recuperar el cuidado del bebé. Para ello cuenta con el patrocinio del abogado Jerónimo Altamirano.
La denuncia penal fue radicada por la presunta comisión del delito de trata de personas y quedó bajo la órbita de la Fiscalía Temática a cargo de Guillermo Komarofky. Ortega y Apelans ya prestaron declaración indagatoria y presentaron documentación vinculada con las actuaciones realizadas desde el momento en que recibieron al niño.
El planteo de la defensa apunta a demostrar que la pareja no actuó de manera oculta y que existieron presentaciones previas ante organismos estatales. También busca que se revise la medida por la cual el bebé fue retirado de la vivienda y trasladado a un dispositivo.
Ortega resumió la posición de ambos al sostener que actuaron “ajustados a derecho” y que desde el primer momento procuraron informar a las autoridades sobre la situación. La definición de las responsabilidades penales y las circunstancias en las que se produjo la permanencia del niño bajo su cuidado quedarán sujetas al avance de la investigación judicial.