dPosta – El Gobierno de la Pampa, a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, dio luz verde a la temporada de caza deportiva mayor de jabalí bajo la modalidad con jauría para el ciclo 2026. La medida, que ya fue oficializada en el Boletín Oficial, no solo establece el cronograma de la actividad, sino que profundiza un régimen de fiscalización centrado en la digitalización de trámites y el cumplimiento de estándares sanitarios para los perros involucrados.
El calendario dispuesto por las autoridades presenta variaciones según el ejemplar. Para el jabalí macho, el período de caza se extenderá desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, con la particularidad de que a partir de septiembre será obligatorio trasladar las piezas con los testículos adosados. Por su parte, la caza de hembras tendrá un ciclo más acotado que concluirá el 31 de agosto. Asimismo, se ha previsto un período especial de ejercitación para las jaurías durante todo el mes de diciembre, sujeto a horarios restringidos y autorizaciones específicas.
La normativa actual es rigurosa en cuanto a la logística y la identificación de los animales. Se define como caza con jauría a aquella que utiliza más de dos perros, imponiendo un tope de ocho canes por jornada y vehículo. En lo que respecta al traslado, se prohíbe terminantemente que los perros viajen sueltos en baúles o habitáculos; por el contrario, deben ser transportados en jaulas o cajas cerradas que garanticen su seguridad. Cualquier incumplimiento, como la presencia de animales en caminos públicos o predios no autorizados, será penalizado bajo el marco de la Ley N.º 1194.
Para operar dentro de la legalidad, los cazadores deben completar un proceso de documentación que incluye un permiso digital con código QR y la autorización certificada del dueño del campo. Un punto central de esta temporada es la Libreta Sanitaria, ya que cada perro deberá contar con un microchip de identificación, fotografía y la vacuna antirrábica vigente, todo ello avalado por el Colegio Médico Veterinario. La actividad queda restringida exclusivamente a predios rurales habilitados bajo las categorías I, II o cotos de caza.
A pesar de los esfuerzos oficiales por regular la práctica, la controversia persiste en la provincia. Las organizaciones protectoras de animales mantienen su firme rechazo, denunciando situaciones de maltrato tanto para las presas como para los perros. Esta tensión tuvo su punto máximo en 2022, cuando la justicia declaró la inconstitucionalidad de la modalidad. Sin embargo, en 2023 el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa revocó esa sentencia, ratificando que el Poder Ejecutivo es el único organismo con la facultad de regular y habilitar esta actividad en el territorio provincial.