dPosta – El proceso de adecuación de La Pampa al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional dio un paso clave en la Legislatura. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Hacienda y Presupuesto emitió dictamen favorable por mayoría al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que propone modificar la normativa provincial para aplicar la nueva legislación que fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
La iniciativa llegará ahora al recinto, donde la minoría adelantó que fijará su postura durante el tratamiento. El avance parlamentario se produce luego de que funcionarios del Ejecutivo explicaran ante los diputados los cambios que deberá afrontar la provincia para adaptar su sistema jurídico, judicial y de intervención social.
El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, señaló que la sanción de la ley nacional representa “un punto de inflexión” para las provincias, aunque aclaró que el Gobierno pampeano no comparte el contenido de la norma. “Más allá de que no compartamos su contenido, las leyes, una vez sancionadas, están para cumplirse”, afirmó.
Desde esa perspectiva, explicó que La Pampa comenzó a trabajar hace varios meses en la adecuación del sistema para evitar inconvenientes al momento de la implementación.
Tres leyes provinciales deberán modificarse
El director general de Promoción de Derechos Humanos, Alejandro Osio, detalló que la reforma obligará a introducir cambios en tres normas provinciales centrales: la Ley 3353, que regula el Régimen Penal Juvenil; la Ley 2574, Orgánica del Poder Judicial; y la Ley 2831, que creó el Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje y Supervisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal.
Uno de los principales impactos será la ampliación de la población alcanzada por el sistema penal juvenil. Según explicó Osio, la nueva normativa nacional incorpora a adolescentes de 14 y 15 años que anteriormente no eran considerados punibles y, además, amplía la cantidad de situaciones comprendidas al eliminar algunas restricciones que existían en el régimen anterior.
“Era necesario y es urgente adecuar el sistema normativo para dar acogida a esta nueva población destino”, sostuvo el funcionario durante la exposición ante los legisladores.
Más estructura judicial especializada
El proyecto contempla modificaciones en las reglas procesales, las competencias judiciales y los organismos encargados del seguimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. En ese marco, propone la creación de cinco cargos de fiscales adjuntos y cinco cargos de defensores especializados en régimen penal juvenil.
La intención del Ejecutivo es avanzar de manera progresiva hacia un fuero específico para esta materia, con juzgados y operadores capacitados para intervenir en casos que involucren adolescentes.
Osio remarcó que el objetivo del sistema no debe centrarse únicamente en la sanción. “La finalidad del régimen penal juvenil no es punitiva, sino que es una finalidad restaurativa y de reinserción social de las personas imputadas por delitos durante la adolescencia”, explicó.
Por ese motivo, el proyecto incorpora modificaciones sobre las herramientas procesales, con límites para algunos mecanismos como el juicio abreviado y determinadas aplicaciones del procedimiento de flagrancia, mientras amplía alternativas vinculadas a criterios de oportunidad.
Capacitación para la implementación
La puesta en marcha del nuevo régimen también demandará formación específica para jueces, fiscales, defensores y equipos interdisciplinarios. En ese sentido, Osio informó que se desarrolló un curso conjunto entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Universidad Nacional de La Pampa.
Además, se creó una diplomatura de especialización en Régimen Penal Juvenil para profundizar la capacitación de los actores que tendrán intervención directa en el nuevo esquema.
Respecto del fallo de una jueza bonaerense que suspendió preventivamente la aplicación de la ley nacional en esa jurisdicción, Osio explicó que sus efectos están limitados al ámbito donde fue dictado. Por ese motivo, consideró necesario que La Pampa continúe con su adecuación para contar con un marco propio ante la entrada en vigencia del nuevo sistema.