dPosta – La Municipalidad de Toay emitió este lunes una respuesta oficial ante la profunda crisis sanitaria desatada por el brote de botulismo que costó la vida de la reconocida artista Raquel Pumilla y mantiene en vilo a la comunidad pampeana. El eje de la comunicación gubernamental se centró en deslindar responsabilidades respecto a los espacios de comercialización públicos y en ratificar la vigencia de los protocolos de seguridad alimentaria en el ejido urbano.
A través de un comunicado del Ejecutivo, se aclaró de manera taxativa que el escabeche contaminado con toxinas botulínicas, comercializado bajo la marca artesanal “Juli-Mar”, no tuvo como punto de venta el Paseo Ferial de la localidad.
Según precisaron las autoridades, la distribución del producto se dio exclusivamente a través de una “transacción entre particulares”, realizada en ámbitos domiciliarios privados, por fuera de cualquier registro o fiscalización estatal.
Desde el municipio enfatizaron que el emprendimiento responsable de la elaboración de los alimentos no contaba con habilitación municipal ni sanitaria. En este sentido, remarcaron que el producto involucrado no formaba parte de la oferta de ninguno de los puestos autorizados que integran el tradicional espacio ferial previo a la Navidad, un lugar que cuenta con protocolos de control específicos para los feriantes locales.
Controles bromatológicos
Como parte de la estrategia para llevar tranquilidad a la población, el municipio sostuvo que el área de Bromatología realiza verificaciones permanentes y estrictas en todos los comercios debidamente habilitados. Estos operativos se ajustan a la normativa vigente y buscan garantizar que la cadena de producción y comercialización cumpla con los estándares de inocuidad alimentaria.
“El hecho ocurrió en el marco de un evento de carácter particular y privado”, subrayó el comunicado, al tiempo que el Ejecutivo local expresó su acompañamiento y solidaridad con las familias afectadas. No obstante, la gestión municipal fue firme al señalar que la responsabilidad del control estatal tiene un límite físico en la esfera privada, donde se desarrollaron estas ventas directas sin supervisión profesional.
El escenario judicial y la salud pública
Mientras el municipio refuerza su postura institucional, la investigación judicial encabezada por la fiscala Cecilia Martini avanza a paso firme en Santa Rosa. En las últimas horas, se han tomado testimonios clave a personal de la Dirección de Epidemiología y peritos forenses. El Instituto Malbrán ya confirmó la presencia de la potente toxina en las muestras de los alimentos incautados y en los pacientes afectados.
La lupa de la Justicia está puesta ahora sobre los elaboradores del producto, quienes podrían enfrentar cargos por “homicidio culposo” y delitos contra la salud pública. La situación se agrava ante la internación en terapia intensiva del periodista Juan Carlos Pumilla —esposo de Raquel— y la investigación de un segundo deceso, el de la poeta Hilda Alvarado, cuyos vínculos con el mismo producto están bajo peritaje médico.
Desde la intendencia de Toay aseguraron que aguardarán los resultados finales de las actuaciones judiciales para brindar mayores precisiones, actuando con “responsabilidad y respeto” hacia los involucrados.