dPosta – La política sanitaria en Argentina atraviesa un nuevo foco de conflicto tras la iniciativa del Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, de reformar la Ley Nacional de Salud Mental (26.657). El punto más crítico de la propuesta oficialista radica en la intención de eliminar la obligatoriedad de inversión por parte del Estado nacional, una medida que ha despertado una respuesta inmediata y coordinada desde el interior del país. Representantes de 15 provincias, entre ellos el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Malgá, suscribieron un documento donde expresan su enérgico repudio al proyecto y defienden el modelo de atención vigente.
Un consenso internacional en riesgo
En el comunicado, las autoridades de Salud Mental y Consumos Problemáticos, junto a los Órganos de Revisión provinciales, reafirmaron su compromiso con la Ley 26.657. Según los firmantes, este marco normativo no solo es adecuado, sino que está alineado con los estándares y evidencias de eficacia que promueven organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Para las provincias, la ley actual no es un obstáculo para la atención, sino la base que permite desarrollar políticas locales adaptadas a cada territorio. Subrayan que el sistema permite dar respuesta tanto a urgencias como a internaciones (voluntarias e involuntarias) y programas preventivos. El documento enfatiza que la verdadera dificultad no reside en el texto de la ley, sino en la falta de recursos para enfrentar una demanda que crece de manera sostenida debido a la complejidad de los factores sociales actuales.
El rol crítico del sector público
Las autoridades advierten que el sistema público es el que hoy sostiene la mayor parte de la demanda sanitaria, absorbiendo incluso necesidades que otros subsectores de la salud no logran cubrir. En un contexto de crisis social, el aumento de los padecimientos subjetivos y las necesidades de atención ponen en tensión extrema a los equipos locales. Por ello, consideran que retirar el aporte del Estado nacional es una decisión que desprotege a los sectores más vulnerables.
“Los desafíos se encuentran en la necesidad creciente del aumento de las inversiones y mejoras en los estándares de calidad”, señala el texto. En este sentido, las provincias remarcan que cualquier mejora en la atención depende de tres pilares fundamentales que requieren financiamiento centralizado:
- Recurso Humano: Garantizar la formación específica y la continuidad de los equipos profesionales.
- Infraestructura: Adecuar los espacios existentes y crear nuevos dispositivos de red.
- Insumos y Medicamentos: Asegurar que las políticas de acceso a la medicación no se interrumpan.
Un reclamo por el federalismo
Finalmente, el documento exige la reanudación del COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones), calificándolo como el ámbito “privilegiado” para la discusión de políticas públicas. Las provincias firmantes sostienen que, como responsables directos de la gestión cotidiana en sus territorios, deben ser parte vinculante de cualquier debate que pretenda modificar las normas de salud mental en un país que se define como federal. La postura es clara: no se puede transformar el modelo de atención si el Estado nacional abdica de su responsabilidad de inversión y coordinación.