dPosta – La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló este martes a favor de las universidades públicas al rechazar un recurso del Gobierno nacional y exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
La resolución judicial obliga al Ejecutivo a implementar de forma “inmediata” la actualización de los salarios para docentes y no docentes, así como el refuerzo de las becas estudiantiles.
El Gobierno debe cumplir con la ley de financiamiento universitario
El tribunal, integrado por los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán, ratificó la medida cautelar que había sido dictada originalmente en diciembre tras un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La Justicia argumentó que la norma es legítima debido a que el Congreso de la Nación confirmó el proyecto con dos tercios de los votos de ambas cámaras, tras el veto total aplicado por el Poder Ejecutivo.
En el fallo, los jueces consideraron “poco serios” los argumentos oficiales para no cumplir la ley y señalaron que la suspensión de su vigencia mediante un decreto resulta una medida ilegítima.
Impacto en el sistema educativo nacional
La sentencia determina que el Gobierno debe garantizar la actualización automática de los presupuestos y la recomposición salarial del sector, un reclamo que mantenía paralizadas a diversas facultades.
El fallo también alcanza a los programas de investigación y a las funciones de salud y extensión en todo el sistema universitario nacional, según detallaron las autoridades académicas.
Recientemente, la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que el presupuesto proyectado para 2026 no contempla los recursos previstos por la Ley 27.795, lo que agravó el conflicto.
Argumentos sobre la jerarquía legal
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley no establece explícitamente las fuentes de financiamiento y que su aplicación generaría un fuerte impacto fiscal sobre las cuentas públicas.
Sin embargo, los camaristas profundizaron en que el Ejecutivo no puede suspender una ley del Congreso basándose en normas de administración financiera de igual o menor jerarquía normativa.
La Cámara confirmó que la falta de cumplimiento de la ley no solo afecta el interés público, sino que daña directamente “el derecho a enseñar y aprender” en el ámbito universitario.
Con este fallo, el conflicto entra en una etapa de definiciones presupuestarias claves para garantizar el normal funcionamiento de las universidades en el próximo ciclo lectivo.
Fuente: La Voz del Interior