dPosta – La secretaria general de la CTA Autónoma de La Pampa, Roxana Rechimont, rechazó la orden de suspender las elecciones de la Central en Pico que, a pesar de la resolución de la jueza laboral Belén Lavechia, se desarrollaron con normalidad el pasado jueves. La dirigente santarroseña cuestionó la presentación de la actual secretaria de Pico que dice que no se enteró del acto eleccionario, María Ester Campos, y denunció hechos violentos y amenazas por parte de un integrante de la familia Marquesoni.
La feroz interna sindical desatada dentro de los gremios estatales piquenses tuvo esta semana un nuevo capítulo. Lo que comenzó hace ya hace más de dos años en la Comisión Directiva de ATE Pico, cuando la familia Marquesoni enfureció porque la actual secretaria general Nora Poblet -a quien ubicaron allí- les “desobedeció” y “se atrevió” a ejercer su cargo, ahora, se trasladó a la dirigencia de la CTA Autónoma.
La familia Marquesoni y Campos iniciaron acciones legales en la Justicia Civil a principios del 2024, tras sentirse desplazados por las actuales autoridades de ATE Pico, legajo en el cual recientemente recibieron un fallo -que no está firme- para reincorporarse. Pero, lejos de calmar las aguas, esa reincorporación dio lugar a episodios violentes y amenazas que dirigentes locales de ATE denunciaron contra Nicolás Marquesoni.
Ahora, lanzadas las elecciones de la CTA-A, en primer lugar, María Ester Campos y Liliana Telerman (actual secretaria general y la histórica referente de la Central en Pico, respectivamente) salieron con un comunicado a ensuciar al candidato Leonardo Videla con acusaciones de violencia que hasta ahora no figuran en ningún legajo abierto y, luego, buscaron suspender la votación porque supuestamente no les avisaron que se votaba. Se votó igual.
Se votó una lista
La CTA Autónoma de La Pampa ratificó su decisión de avanzar con el proceso electoral en Pico pese a la resolución de suspender de la jueza Lavechia, presentando finalmente la una única lista encabezada por Leonardo Videla y Yanina Hernández. La secretaria general de la central provincial, Roxana Rechimont, argumentó que la medida cautelar no llegó a los organismos electorales correspondientes y que, por lo tanto, el acto se encontraba habilitado.
“No vamos a permitir que la justicia intervenga en nuestra Central, ni trabar tampoco un acto eleccionario”, sostuvo Rechimont al defender la postura adoptada por la organización sindical. Según explicó, la lista había sido oficializada y no existía impedimento formal para suspender la elección. La dirigente explicó que la resolución judicial no fue notificada a la Junta Electoral Provincial ni a la Junta Electoral Nacional, sino que llegó al gremio de ATE en General Pico. “El acto eleccionario estaba habilitado, la lista estaba oficializada y realizamos el acto eleccionario”, afirmó.
Y aclaró que la estructura sindical no depende de decisiones judiciales y que la CTA cuenta con sus propios mecanismos internos.
Dudas sobre el planteo judicial
El conflicto judicial no se originó por la impugnación a una lista, sino por el argumento de que una dirigente no había sido informada sobre el cronograma electoral. Para Rechimont, esa explicación no resulta válida porque, según indicó, las elecciones de la CTA Autónoma son públicas y forman parte de una dinámica conocida por quienes integran la organización desde hace años.
En esa línea, Rechimont cuestionó la presentación de Campos al indicar que “no tenemos responsabilidades de que la secretaria general, que lleva dos mandatos consecutivos, desconozca las fechas en que se hacen históricamente las elecciones desde hace 30 años en la CTA Autónoma y que no haya presentado lista”, afirmó.
Agregó que “desconocemos por qué ella plantea que nosotros tenemos la obligación de informarle cuando es información pública”. Y reiteró “si sos una secretaria general de una central como es nuestra CTA Autónoma, todas las actividades que se hacen a nivel nacional se nos informan públicamente”, señaló.
Reclamo económico
Rechimont sumó un dato desconocido hasta ahora y se trata de un pedido de resarcimiento económico incluido en la primera demanda judicial de Campos y Marquesoni. Según explicó, la demanda contempla un reclamo de 50 mil pesos diarios contra la central y el gremio de base. La dirigente cuestionó ese planteo al señalar que quienes representan a los trabajadores no perciben un salario por esa tarea sindical, situación de la que la familia Marquesoni y Campos reiteraron pública y orgullosamente por años.
“No cobramos sueldo por representar a los compañeros”, afirmó Rechimont, quien puso en duda el fundamento del reclamo económico. “Al pedir un resarcimiento económico, tanto el sindicato de base como la central te tiene que pagar y ese es el dinero que aportan los compañeros y compañeras para la lucha”, explicó.
Para la dirigente, la presentación judicial mezcló distintos conflictos y terminó generando una situación que calificó como perjudicial para la organización sindical. “Es un enchastre”, sostuvo, al cuestionar que la Justicia haya intervenido en una disputa que, según consideró, debía resolverse dentro de los ámbitos orgánicos de la CTA.
Violencia y amenazas
Finalmente, Rechimont se refirió a las denuncias presentadas contra Nicolás Marquesoni, uno de los dirigentes involucrados en el conflicto, por presuntos episodios de violencia de género, amenazas e intimidaciones. Según relató, los hechos ocurrieron luego del fallo judicial que ordenó la reincorporación del bioquímico y Campos a ATE, y fueron denunciados con pruebas, testigos y grabaciones.
“Hay pruebas de eso, hay testigos y hay grabaciones que se presentaron en la denuncia”, afirmó. Rechimont sostuvo que Marquesoni habría ejercido violencia de género contra Yanina Hernández, además de insultarla, romper material informativo destinado a afiliados y amenazarla con perder su puesto laboral en el sistema de salud pública.
La dirigente también mencionó una denuncia vinculada a otro trabajador y aseguró que se trató de situaciones graves que la organización no está dispuesta a tolerar. “No lo vamos a permitir dentro del seno del sindicato y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, expresó.
Rechimont ubicó el conflicto más allá de una disputa electoral y afirmó que está en juego el funcionamiento democrático de una herramienta sindical. “No es sobre mí que soy la secretaria general ni es sobre un nombre de una persona, es destruir una herramienta democrática y sindical que representa y defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, concluyó.