dPosta – En los pasillos del poder y en las oficinas de la calle Azopardo, el pragmatismo parece haberle ganado la pulseada a la ideología, al menos en una primera etapa. La Confederación General del Trabajo (CGT) desplegó una estrategia de dos tiempos frente al avance de la reforma laboral en el Congreso. El primer capítulo, ya concluido en el Senado, tuvo como prioridad absoluta el blindaje de la estructura financiera de los sindicatos y la preservación de las cuotas que garantizan su funcionamiento. Una vez asegurada la “caja”, la central obrera se prepara ahora para dar la batalla por los derechos de los trabajadores mediante un paro general.
El blindaje de los recursos
Durante las negociaciones subterráneas que precedieron al tratamiento del proyecto en la Cámara Alta, la cúpula sindical logró victorias que pasaron desapercibidas para el gran público, pero que son vitales para la supervivencia de las estructuras gremiales. La propia jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza confirmó que existieron diálogos donde se “receptaron muchas cosas de la CGT”.
El logro más significativo fue la supervivencia de la “cuota solidaria”. Originalmente, el Gobierno pretendía eliminar este aporte compulsivo que perciben los sindicatos de los trabajadores no afiliados. Tras el cabildeo, la CGT consiguió que se mantenga vigente por dos años con un tope del 2% de la remuneración. Recién después de ese lapso se requeriría la conformidad expresa del trabajador. En la misma línea, lograron evitar la poda del aporte patronal a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%, desestimando el recorte al 5% que buscaba el oficialismo.
El giro hacia la protesta
Con el oxígeno económico garantizado, la CGT ha comenzado a endurecer su discurso respecto a los artículos que afectan directamente el día a día del trabajador y que todavía forman parte del texto que ahora se debatirá en Diputados. Entre los puntos más conflictivos se encuentran el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, la ampliación de las “actividades esenciales” para limitar el derecho a huelga, y la flexibilización de las vacaciones e indemnizaciones.
Ante lo que califican como un “proceso regresivo y malicioso”, la central obrera ha convocado a una reunión de urgencia para este lunes 16 de febrero. El objetivo es claro: definir la fecha de un paro nacional. Cristian Jerónimo, referente de la central, fue tajante al señalar que “existen condiciones políticas y consensos suficientes para avanzar en una medida de fuerza”.
La batalla judicial y legislativa
El entusiasmo de la CGT por morigerar el impacto de la reforma no se agota en las calles. Si el texto actual avanza en Diputados sin más cambios, los gremios ya tienen preparada una batería de presentaciones judiciales. Consideran que puntos como la limitación de las asambleas sindicales en los lugares de trabajo y el tope de horas para delegados son directamente inconstitucionales.
Con nuevas caras y la misma distancia con sus representados, la central obrera busca ahora equilibrar su imagen. Tras haber priorizado la negociación de sus propios recursos, entiende que el malestar social y la carga ideológica contraria a los derechos individuales del proyecto oficial le exigen una respuesta contundente.
El paro general asoma no solo como una herramienta de presión legislativa, sino como el mecanismo para revalidar su representatividad ante una base de afiliados que observa con recelo las concesiones obtenidas en el Senado.