dPosta – El banco estadounidense JP Morgan, uno de los principales jugadores globales de las finanzas y actor de fuerte influencia sobre fondos de inversión y grandes empresas multinacionales, consideró que el nuevo régimen es “estructuralmente superior” al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) original, aunque advirtió que todavía persiste una incógnita central: si efectivamente atraerá proyectos inéditos o si simplemente servirá para relocalizar inversiones ya previstas bajo condiciones más beneficiosas para el capital privado.
En un informe distribuido entre sus clientes internacionales, la entidad financiera sostuvo que “la pregunta analítica central es si el Súper RIGI generará inversión genuinamente nueva o simplemente redirigirá proyectos existentes hacia un régimen más favorable”. La observación aparece como uno de los puntos más sensibles del debate económico alrededor de la nueva iniciativa oficial, ya que el Gobierno presenta el proyecto como una herramienta destinada a provocar una lluvia de inversiones capaz de modificar el perfil productivo del país.
Formalmente denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, el esquema apunta a sectores tecnológicos, de infraestructura digital y actividades industriales consideradas estratégicas. La iniciativa establece un piso mínimo de inversión de mil millones de dólares y se focaliza en proyectos vinculados con inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, hidrógeno verde e infraestructura tecnológica.
Para acceder a los beneficios, las empresas deberán demostrar que se trata de actividades que actualmente no existen en el país o que apenas poseen un desarrollo experimental. En ese punto, JP Morgan destacó que el alcance del programa resulta “acotado y preciso”, ya que delimita claramente el universo de proyectos elegibles y evita superposiciones con el RIGI ya aprobado en la Ley Bases.
El Gobierno apuesta a que el nuevo esquema permita ampliar la matriz exportadora y reducir la dependencia de sectores tradicionales como el agro o la energía. Sin embargo, la experiencia reciente argentina y la propia estructura económica local explican parte del escepticismo que sobrevuela incluso entre bancos y consultoras favorables al programa económico oficial.
En su análisis, JP Morgan identificó tres dimensiones principales del nuevo régimen. La primera es que “extiende la arquitectura de incentivos a sectores como infraestructura de IA, semiconductores y biotecnología avanzada, áreas en las que Argentina ha estado históricamente ausente de las cadenas globales de valor”. La segunda es que “mejora sustancialmente las condiciones fiscales y regulatorias respecto del RIGI base”. Y la tercera es que “evita la superposición con el RIGI existente, estableciendo reglas de exclusión claras para proyectos que se solapen”.
El nuevo esquema amplía significativamente los beneficios para los grandes inversores. Entre otros puntos, contempla una alícuota reducida de 15 por ciento en el Impuesto a las Ganancias, baja de contribuciones patronales, libertad cambiaria plena desde el inicio de las operaciones, exención de derechos de exportación e importación y estabilidad normativa por treinta años.
También incorpora uno de los puntos más cuestionados por sectores políticos y empresariales nacionales: el acceso directo al arbitraje internacional sin necesidad de agotar previamente instancias administrativas o judiciales locales. Para JP Morgan, este tipo de cláusulas “refuerzan la credibilidad” del régimen frente a potenciales inversores globales, aunque para distintos sectores de la oposición implica una nueva cesión de soberanía regulatoria y judicial.
El banco remarcó además que el diseño contempla mecanismos alineados con las reglas internacionales impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), particularmente en relación con el denominado Pilar Dos, que establece impuestos mínimos globales para grandes corporaciones multinacionales.
El respaldo técnico al esquema, sin embargo, no evitó la advertencia política que atraviesa todo el documento. JP Morgan sostuvo que “los riesgos centrales son políticos, no económicos, dado que el historial legislativo de la Argentina en materia de reformas favorables a la inversión es dispar”.
La definición refleja una preocupación recurrente entre fondos internacionales y compañías multinacionales respecto de la sustentabilidad futura de este tipo de regímenes promocionales en la Argentina.
Las inversiones no llegan
En un informe elaborado por Misión Productiva en base a estadísticas de la OCDE, la Argentina quedó última entre las principales economías de América Latina en materia de inversión extranjera directa (IED) durante 2025. El trabajo sostiene que el país apenas captó alrededor de 3.100 millones de dólares a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), muy lejos de los niveles registrados por Brasil, México o Chile.
A casi un año de la aprobación del esquema impulsado por el presidente Javier Milei, las inversiones efectivamente realizadas representan menos del 5 por ciento de los montos comprometidos por las empresas que se presentaron al régimen. Una cifra que ya había sido advertida meses atrás por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien denunció que el nivel de ejecución apenas rondaba el 3 por ciento.
La situación quedó todavía más expuesta luego de la difusión de un informe de Misión Productiva elaborado en base a datos de la OCDE, que ubica a la Argentina última entre las principales economías latinoamericanas en materia de inversión extranjera directa (IED) durante el año pasado.
A través del informe, sostienen que la Argentina recibió apenas 3.134 millones de dólares de inversión extranjera directa neta durante 2025, muy lejos de los niveles alcanzados por Brasil, México o Chile. El dato adquiere todavía más peso porque se produce en pleno despliegue del RIGI, el programa que el oficialismo presentó como la gran herramienta para atraer capitales internacionales vinculados a minería, energía e infraestructura.
“La Argentina se ubicó en el último lugar de América Latina en materia de inversión extranjera directa (IED) entre las principales economías de la región, según datos de la OCDE para 2025. Mientras países como Brasil, México, Chile, Costa Rica o Colombia lograron atraer flujos significativos de capitales externos, la Argentina mostró un desempeño extremadamente débil, reflejando las dificultades persistentes para consolidar un clima de inversión estable y dinámico”, señaló Misión Productiva en el resumen ejecutivo de su trabajo.