dPosta – Un juicio oral y público comenzará este jueves en los tribunales de General Pico contra un hombre acusado de vender sin autorización unas 500 cabezas de ganado que pertenecían a su tía, una productora rural de la localidad de Arata. El proceso se extenderá durante dos jornadas y estará a cargo del juez de audiencia Marcelo Pagano.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la propietaria de los animales, quien había confiado a su sobrino la administración del rodeo en un campo de su propiedad. Según la investigación judicial, el imputado tenía la responsabilidad de manejar el ganado, pero habría decidido comercializarlo sin el consentimiento de la dueña y sin entregar el dinero obtenido.
La situación salió a la luz en enero de 2024 durante una inspección realizada por personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), cuando se constató que en el establecimiento ya no se encontraban los animales.
La investigación sostiene que el acusado habría reconocido ante los inspectores que los había vendido en operaciones que no contaban con la autorización de la propietaria. Desde entonces, ni los animales ni el dinero producto de las ventas fueron restituidos.
El perjuicio económico es elevado. Al momento en que se detectó la maniobra, el valor estimado de los animales superaba los 300 millones de pesos. Con la actualización de los precios del ganado, las estimaciones actuales ubican el daño patrimonial por encima de los mil millones.
Durante la etapa de investigación el imputado no prestó declaración ni hubo propuestas de reparación del daño.
El caso está caratulado como administración infiel, figura penal que sanciona a quien, teniendo a su cargo la administración de bienes ajenos, vulnera la confianza depositada y provoca un perjuicio económico al propietario.
En el juicio intervendrá el fiscal Matías Juan. La querella que representa a la denunciante está integrada por los abogados Carlos Pedro Febre y Joaquín Gómez, mientras que la defensa del acusado será ejercida por el abogado Ariel García, de la localidad de Trenel.
El delito prevé penas que van desde un mes hasta seis años de prisión, aunque por la magnitud del daño económico y el vínculo familiar entre las partes, la fiscalía podría solicitar una condena de cumplimiento efectivo.