dPosta – El Ministerio Público Fiscal inició una investigación preliminar para determinar si un odontólogo cometió delitos relacionados con la facturación indebida de prestaciones inexistentes y la adulteración de documentación médica. Las autoridades judiciales locales pusieron la lupa sobre las maniobras supuestamente desplegadas por el imputado durante un período de tiempo muy específico, que abarca de manera correlativa desde el mes de diciembre de 2025 hasta abril de 2026. La defensa del profesional desmiente la existencia de un delito.
La investigación penal preparatoria se inició formalmente a partir de la presentación efectuada por una paciente del consultorio. La mujer detectó severas anomalías al revisar los resúmenes de cuenta expedidos por su empresa de medicina prepaga, Prevención Salud, donde constaban cobros por prácticas que ella afirmaba categóricamente no haber recibido.
Al profundizar el control sobre las planillas presentadas ante la entidad médica, la afiliada ratificó que no había concurrido al consultorio en los meses señalados, reconociendo únicamente una atención real durante noviembre de 2025. Al constatar que las firmas manuscritas y las aclaraciones insertas en los cupones prestacionales no correspondían a su puño y letra, decidió radicar la denuncia.
El perjuicio económico inicial derivado de los copagos obligatorios recayó sobre la denunciante, aunque la obra social privada resolvió reintegrarle con celeridad una suma cercana a los 30 mil pesos mediante la emisión de una nota de crédito. De este modo, el menoscabo patrimonial principal se trasladó a las arcas de Prevención Salud, empresa que abonó al profesional sumas mensuales en concepto de transferencias por tratamientos odontológicos presuntamente apócrifos.
Con el avance del caso, la fiscalía a cargo de Matías Juan ordenó un allanamiento en el consultorio del odontólogo donde secuestró documentación clínica de interés para la causa y dispuso la realización de pericias caligráficas científicas destinadas a cotejar la veracidad de los grafismos.
La postura de la defensa y la justificación administrativa
Tras sustanciarse las audiencias consecutivas de declaración de imputado y de formalización de la investigación, la estrategia de la defensa técnica quedó firmemente expuesta por el abogado Jerónimo Altamirano. El letrado confirmó que su asistido ejerció el derecho constitucional de declarar ante el juez para rechazar de cuajo la hipótesis de un accionar delictivo. “Esta persona hizo uso de su facultad de declarar y lo que hizo fue negar los hechos que se le imputan en este caso en particular”, introdujo el defensor, detallando que la acusación fiscal gira en torno a haber falsificado firmas y aclaraciones en fichas odontológicas para obtener un beneficio económico de la prepaga. Respecto al dinero en litigio, el abogado precisó: “De 608.000 pesos aproximadamente”.
La postura exculpatoria del imputado se basa en que los tratamientos médicos existieron y que la modalidad de presentación de las planillas respondió a un desfasaje puramente administrativo, motivado por las estrictas regulaciones de la cartilla prestacional y los topes mensuales que imponen las empresas de salud a sus afiliados. “Lo que mi defendido manifiesta es en primer lugar la negativa, niega haber cometido cualquier tipo de falsificación de una firma”, aseveró Altamirano, explicando detalladamente la mecánica empleada por el profesional de la odontología.
Ausencia de dolo y el origen del conflicto comercial
Para fundamentar la inocencia de su cliente, el abogado Jerónimo Altamirano expuso que cuando un paciente necesita múltiples arreglos en su boca, la vía correcta sería espaciar los turnos mensualmente para cumplir con la cobertura de la prepaga. Sin embargo, para evitar que la salud del paciente empeore por la demora, el odontólogo ejecutó las prácticas en pocas sesiones y luego desglosó la facturación de forma diferida. “Entonces hace todas las prácticas juntas y después va pasando de manera mensual a la obra social de acuerdo al plan. Si el plan cubre dos prestaciones mensuales, va a ir pasando dos prestaciones mensuales hasta cubrir las prestaciones que él dio en una o dos oportunidades”, precisó.
Bajo este razonamiento técnico, la defensa rechaza la existencia de una estafa al considerar que el patrimonio de la firma médica no fue afectado mediante un engaño, ya que el trabajo odontológico efectivamente se realizó. “Técnicamente no es una estafa, no hubo un dolo de producir esa afectación patrimonial que sostiene la fiscalía ha tenido la obra social, sino que tiene que ver con una cuestión netamente administrativa. El perjuicio económico no existe por las prestaciones las dio. Lo único que hizo es pasarla de acuerdo a los distintos planes que tienen las obras sociales”, alegó de manera tajante el letrado ante los micrófonos.
Finalmente, el defensor vinculó el inicio de la causa a un malentendido burocrático de la sucursal local por el cobro indebido de un plus a la afiliada. “Lo denuncia una paciente que le cobraron 30.000 pesos de un plus por estas prestaciones. Ahí viene la denuncia”, remarcó, insistiendo en que la mujer no sufrió daño patrimonial permanente gracias al posterior reintegro. Al concluir el acto procesal, donde la fiscalía tipificó provisoriamente los hechos como falsificación y uso de documento privado en concurso con estafa, Altamirano se mostró confiado: “Entiendo que la explicación de las razones y las razones que dio mi defendido son suficientes como para en primer lugar dejar en claro que no ha cometido un hecho delictivo. Se trata de un profesional, de un trabajador, no es un delincuente. Y lo ha hecho simplemente a los fines de cumplir con una cuestión netamente administrativa y para cobrar por el trabajo que hizo. En definitiva”.