dPosta – En los Tribunales de Pico se realizó la audiencia de formalización de investigación por presunta faena clandestina de carne vacuna y porcina, almacenamiento irregular y posterior comercialización de productos en Monte Nievas y otras localidades de La Pampa. Imputaron a Manuel Mostaza, dueño de una carnicería en el pueblo donde los investigadores allanaron un frigorífico clandestino en galpones del ferrocarril.
La audiencia fue solicitada por la Fiscalía y estuvo a cargo de la jueza de control Ana Laura Ruffini. Mostaza estuvo acompañado por su abogado defensor, Martín Herrero Galvagno, y tras la formalización quedó en libertad. En caso de ser declarado culpable, por un antecedente condenatorio previo, la eventual pena sería de cumplimiento efectivo.
La investigación comprende hechos que, según la acusación, habrían ocurrido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, vinculados con la producción y distribución de carne sin las habilitaciones sanitarias exigidas por los organismos de control.
Durante la audiencia se detallaron las irregularidades detectadas a partir de distintos procedimientos, entre ellos controles sobre el traslado de carne y un allanamiento realizado el 25 de agosto en instalaciones ferroviarias de Monte Nievas.
La pesquisa apunta a determinar si desde ese lugar se habría realizado faena clandestina y posterior distribución de carne hacia Monte Nievas y otras localidades de la provincia sin la intervención de los organismos sanitarios correspondientes.
Uno de los aspectos centrales de la causa está relacionado con las condiciones en las que habría sido encontrada la mercadería. La investigación determinó que no se trataba solamente de una falta de equipamiento adecuado, sino de una serie de incumplimientos vinculados con las normas de seguridad alimentaria.
Entre las irregularidades señaladas aparecen deficiencias de higiene, presencia de roedores y contaminación cruzada entre distintos sectores. Además, durante el procedimiento se habría encontrado una vaca muerta sobre una camioneta, con pérdida de sangre, próxima al área donde se realizaban tareas relacionadas con la faena y preparación de carne.
Para la investigación, esas condiciones podían representar un riesgo para la salud pública, debido a la posibilidad de transmisión de enfermedades a través del consumo de productos contaminados. En ese marco, se analizaron posibles riesgos asociados a enfermedades como leptospirosis, brucelosis, tuberculosis bovina y triquinosis en el caso de carne porcina.
Otro de los elementos incorporados al expediente fue el hallazgo de sellos colocados en algunas medias reses que no coincidirían con los modelos oficiales autorizados. La hipótesis es que esos elementos podrían haber sido utilizados para simular que la carne había atravesado los controles sanitarios correspondientes.
La causa fue encuadrada como un delito contra la salud pública, relacionado con el almacenamiento y comercialización de sustancias alimenticias que podrían resultar peligrosas para las personas. La escala penal prevista contempla penas de entre tres y diez años de prisión, además de una multa económica.
La situación procesal de Mostaza quedó condicionada por un antecedente condenatorio registrado en 2022. Ante una eventual nueva condena, no podría acceder a una pena de ejecución condicional y debería cumplir prisión efectiva.
Durante la audiencia no se solicitaron medidas de coerción contra el imputado. La investigación continuará con el análisis de la prueba reunida, informes técnicos y testimonios antes de avanzar hacia la presentación de una eventual acusación.
Según la planificación de la Fiscalía, el proceso podría continuar con la elevación de la causa a juicio oral durante el próximo año.