dPosta – La carrera gremial de Aníbal Schmidt, referente pampeano de la industria gráfica, llegó a su fin de la manera más abrupta. En el marco del 32° Congreso Extraordinario de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA), se aprobó su expulsión inmediata y permanente. La medida responde a una serie de irregularidades financieras críticas detectadas en la Obra Social del Personal de la Industria Gráfica (OSPIDA), donde se constató un déficit que compromete la salud de los afiliados.
La decisión fue contundente: 32 congresales de 18 filiales del país votaron a favor de su destitución y de una inhabilitación de por vida para ejercer cargos en la Federación y en la obra social. Según el dictamen institucional, Schmidt incurrió en conductas “moralmente reprochables” que derivaron en un desmadre financiero bajo su gestión como ex secretario general.
Números en rojo y auditoría
El detonante principal fue una auditoría externa que arrojó resultados alarmantes. Al 20 de febrero de 2026, la deuda prestacional de OSPIDA se disparó hasta alcanzar los 4.689 millones de pesos, lo que representa un aumento desproporcionado del 980% en un solo año. Este “agujero” contable no solo se tradujo en una crisis administrativa, sino que afectó directamente la atención médica, provocando cortes en los servicios por falta de pago a prestadores.
Los auditores pusieron la lupa sobre egresos por más de 295 millones de pesos que no poseen documentación respaldatoria. Además, se cuestionaron transferencias superiores a los 301 millones de pesos destinadas a salarios e impuestos de empleados de un sindicato, recursos que debían ser utilizados exclusivamente para prestaciones sanitarias. La situación en La Pampa también fue objeto de sospechas, debido a inconsistencias en el padrón de afiliados y transferencias de fondos que no pudieron ser validadas.
El frente judicial
Más allá de la sanción gremial, el conflicto ya se trasladó a los tribunales. FATIDA y OSPIDA formalizaron una denuncia penal ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires. La intención de la nueva conducción es que la justicia determine si hubo dolo en la administración de Schmidt y logre recuperar los fondos desviados.
Desde la Federación subrayaron que la expulsión busca restaurar la ética en el movimiento obrero. Asimismo, desestimaron denuncias mediáticas paralelas, aclarando que cualquier irregularidad será canalizada mediante las instituciones correspondientes, cerrando así un capítulo oscuro para el sindicalismo gráfico local y nacional.