dPosta – El escándalo generado a partir de la estafa por más de 1.000 animales que damnificó a una firma de la zona de Rancul, que derivó en una causa de encubrimiento cuando el ganado se encontró en un feedlot de Córdoba, se cerró en las últimas horas con un “acuerdo confidencial” de las partes involucradas que se repartieron plata y vacas. La causa original, contra quienes cometieron la estafa, sigue su curso.
En un llamativo giro, el empresario cordobés Carlos Lanser pasó de resistir un procedimiento policial y asegurar que la Justicia pampeana había cometido un atropello, a poner la plata para “solucionar el problema” y que los detalles del acuerdo queden bajo un estricto secreto basado más en un pacto de caballeros que la letra de la ley.
El acuerdo entre partes es una salida alternativa que en la provincia de La Pampa ofrece el Código Procesal, aunque en este caso quizás llame la atención su condición de “confidencial”, ya que en la gran mayoría de los acuerdos con estafadores involucrados los acusados terminan siendo públicamente expuestos, hasta con domicilio y términos del arreglo.
Cabe recordar que la causa comenzó en mayo de 2025, cuando el empresario Alejando Igaramo denunció haber sido estafado en la venta de más de 1.100 vacunos. Por entregar cheques sin fondos, en ese legajo están imputados los compradores de la hacienda, Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, de la zona de General Pinto.
La Justicia piquense siguió la ruta de los animales y los encontró en un feedlot de la zona de Chaján (Córdoba), donde una delegación de policías de la provincia vecina y operadores judiciales fueron recibidos a insultos y escupitajos cuando cayeron para secuestrar 1.066 animales por orden de la Fiscalía de Pico.
Atropello y acuerdo
Una vez trasladados los animales a un campo de San Luis del denunciante, Carlos Lanser salió por un diario nacional a limpiar el nombre de su empresa con 87 años de trayectoria, acusando de cometer un atropello a la Justicia pampeana, a la que le haría sentir su rigor con presentaciones en distintas sedes.
Así fue que días después llegó a los Tribunales de Pico rodeado de abogados de esta ciudad, Santa Rosa y también de Río Cuarto, donde aseguró que la hacienda era suya, pero se negó a prestar declaración como imputado de encubrimiento. Al mismo tiempo, pidió una pericia de marcas al rodeo secuestrado.
El fiscal general, Armando Agüero, ordenó esa pericia que comenzó a desarrollarse con personal de la AIC, un veterinario judicial y dos veterinarios de partes. Revisar toda la hacienda era una labor que se preveía iba a llevar alrededor de cuatro días, pero transcurridos dos días de trabajo con temperaturas extremas, y luego que víctima y victimario compartieran varios mates y alguna tira de falda asada con la peonada, lograron llegar a un acuerdo para repartir plata y vacas y le pidieron al fiscal que pare todo.
Así fue que Lanser pasó, de denostar a los operadores judiciales a manifestar en un video, junto al fiscal Agüero y el denunciante Ingaramo, lo siguiente: “Estoy muy agradecido con la Justicia de La Pampa, que actuó en tiempo récord en enero y en feria judicial”.
La cantidad de vacas y dinero que al consignatario le costaron su cambio de opinión en el conflicto quedaron bajo el estricto secreto del juez de Control y el fiscal actuante. Caso cerrado.