dPosta – El juez Diego Ambrogetti formalizó hoy una investigación contra el Alfredo Ezequiel Micha, de 39 años, cuyo nombre se había hecho público por su captura en Aeroparque, cuando las alertas marcaron su pedido de captura librado en Pico, donde el hombre había presionado a una mujer para levantar una denuncia de abuso. Aunque en la audiencia quedó expuesta la trama de la historia, que involucra a la comunidad judía, un miembro clave que quedó expuesto y un negocio millonario que se puso en riesgo.
El detenido, trasladado desde Buenos Aires, llegó a la Fiscalía de Pico y confesó el hecho sin dar muchas vueltas: admitió que presionó a la mujer que denunció por abuso sexual al rabino Michael Hobarán, para que se retractara públicamente de sus acusaciones. El plan no se originó en la búsqueda de justicia moral para el rabino, sino en una apremiante necesidad económica que afectaba a toda una estructura productiva en La Pampa.
El negocio en jaque
El trasfondo delictivo se encuentra entrelazado con la cadena de valor de la exportación cárnica. Michael Hobarán no era solo un líder religioso; era la pieza clave que ostentaba la potestad para otorgar la certificación Kosher en el frigorífico de Speluzzi, un aval imprescindible y altamente lucrativo que habilita la exportación de carne a Israel. Este mercado representa sumas millonarias en ingresos, y la certificación es un proceso riguroso que solo puede ser garantizado por un rabino autorizado.
Tras la denuncia de abuso sexual, el Rabinato, actuando conforme a sus estatutos internos y protocolos éticos, prohibió inmediatamente a Hobarán ejercer sus funciones, congelando de facto su capacidad para emitir el certificado Kosher.
De la noche a la mañana, toda la cadena comercial se paralizó y su continuidad quedó en riesgo, ya que el reemplazo de rabino a cargo no era una tarea sencilla de resolver en poco tiempo. La única forma, pensó Micha y su entorno, de reactivar la certificación y salvar la operación era lograr una retractación de Vallejos que “limpiara” la imagen pública de Hobarán.
El falso “secretario García”
El plan de Micha fue diseñado para explotar la vulnerabilidad de la víctima y la solemnidad del aparato judicial. Para evitar ser vinculado directamente, el imputado decidió suplantar una identidad de autoridad. Creó la figura del “secretario García”, presentándose como un supuesto funcionario judicial, con influencias y acceso a información privilegiada en los tribunales de Santa Rosa.
Bajo este nombre falso, Micha contactó a Vallejos y la citó a un encuentro. El lugar elegido fue una estación de servicio YPF en la ruta, un punto neutral y alejado de los centros urbanos, aunque a ante varios testigos y cámaras de seguridad que mostraron sus movimientos. Al llegar, Vallejos fue abordada por Micha, quien no se anduvo con rodeos. El “secretario García” exigió a la mujer que grabara de inmediato un video con su teléfono móvil, donde debía leer un guion previamente preparado, desmintiendo todas y cada una de las acusaciones vertidas contra el rabino.
Ante la rotunda negativa de la víctima a ceder a la extorsión, Micha elevó la intensidad de la coacción. Pasó a los mensajes de texto y llamadas amenazantes, manipulando información judicial real con la falsa autoridad que se había adjudicado. Le advirtió que su testimonio no era sostenible, que la Fiscalía la investigaría y que sería procesada por “falso testimonio”. Pero la mujer finalmente lo denunció en la Fiscalía de Pico y dio inicio a la investigación.
Delitos y libertad
El juez Diego Ambrogetti, luego de escuchar al fiscal Matías Juan y al abogado defensor Mario Aguerrido, formalizó la investigación bajo los delitos de “usurpación de autoridad” y “coacción”.
Pese a la gravedad de los hechos y por pedido de la Fiscalía, el juez consideró el nulo registro de antecedentes penales de Micha y su colaboración activa con la justicia, para otorgarle a Micha el beneficio de la libertad, aunque sujeto a estrictas medidas. La más importante fue la prohibición total y absoluta de acercamiento, contacto, o comunicación con la supuesta víctima de abuso, garantizando así la protección de la víctima.
En la etapa que se abre, la Fiscalía se centrará en el análisis forense de los teléfonos. De allí podría surgir información para determinar si Micha actuó por voluntad propia, si lo hizo a pedido del rabino Hobarán, o fue un encargue concreto de la comunidad judía vinculada al negocio de la carne.
Mientras tanto, la denuncia original por abuso sexual contra el rabino sigue su curso en otra Fiscalía, agregando ahora un capítulo de manipulación y presión que agrava el contexto de los hechos. La verdad sobre la autoría de esta compleja y desesperada maniobra de presión, orquestada bajo el velo de la certificación Kosher, está aún por determinarse.
La imagen de la persona imputada no se puede mostrar, en esta instancia de la investigación, porque la Fiscalía solicitó una rueda de reconocimiento.