dPosta – La Municipalidad de Pico ha tomó una decisión drástica que marca un punto de inflexión en su relación con la “Asociación Civil Todos por Lucio Abel Dupuy”. A través de un expediente remitido recientemente al Concejo Deliberante, el Ejecutivo local solicitó formalmente la derogación de la Ordenanza 824/23, mediante la cual se había cedido un terreno a la mencionada organización. La medida responde a un abandono sistemático de las obligaciones asumidas por la fundación para lograr la tenencia definitiva, en un contexto donde la entidad ya se encuentra bajo la lupa por el manejo irregular de fondos públicos.
El predio en cuestión se encuentra ubicado en la calle 28 N° 1234, entre las arterias 35 y 37, en el corazón del barrio Energía y Progreso. Desde diciembre de 2023, cuando se formalizó la entrega del espacio, los responsables de la ONG no solo omitieron cualquier tipo de avance edilicio, sino que demostraron un desinterés total por el mantenimiento mínimo del lugar.
El acuerdo de donación era claro: la institución debía presentar los planos de construcción en un plazo no mayor a un año, para luego edificar allí una primera etapa que consistía en un salón con cocina y baño, para lo cual contaba con tres años. Al día de hoy, no se ha ingresado ni un solo plano en las oficinas de Obras Particulares.
A la falta de infraestructura se suma un desorden financiero que terminó por agotar la paciencia de las autoridades municipales. La ordenanza de donación estipulaba que el incumplimiento en el pago de tasas municipales por más de un año sería causa directa de revocación. Según las verificaciones realizadas hasta mediados de 2025, la Fundación Dupuy no pagó ni una boleta y acumuló una deuda cercana al millón de pesos en concepto de servicios básicos, cifra que, con la aplicación de intereses moratorios, trepó a los 1.316.924 pesos.
Este desmanejo impositivo se complementó con el abandono físico del terreno, que se convirtió en un foco de malezas y suciedad, obligando al personal de Servicios Públicos del municipio a intervenir en al menos dos ocasiones para realizar tareas de limpieza ante las reiteradas quejas de los vecinos del barrio.
El antecedente
El trasfondo de esta quita no parece limitarse únicamente a los yuyos altos o las boletas impagas. El clima político se enrareció tras una resolución del Tribunal de Cuentas de La Pampa que sacudió los cimientos de la ONG.
El organismo de control constató un desvío de subsidios estatales para fines personales: el pago de cuotas en la Universidad Privada Kennedy para la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía, cursada por la tesorera de la entidad, Cinthia Vanesa Dupuy. Este uso indebido de fondos destinados exclusivamente a fines institucionales fue reconocido por la propia cúpula de la organización, integrada por su presidente, Lucio Ramón Dupuy, y el secretario Matías Exequiel Ursino.
Ante la posibilidad de quedar vinculados a un escándalo de malversación de fondos, parece que el municipio aceleró los trámites de revocación que ya habían sido iniciados meses antes que se conociera el desvío de fondos y cerró el legajo con informes lapidarios de todas las áreas involucradas.
Quita inminente
La sensación en el Concejo Deliberante es de unanimidad; existe un consenso transversal entre todos los bloques para avanzar con la quita del terreno en la próxima sesión ordinaria.
Lo que nació como un proyecto para promover la protección de la infancia y visibilizar la violencia familiar, hoy se encuentra envuelto en una crisis de transparencia que pone en duda la continuidad de su apoyo estatal.
La Fundación Dupuy surgió desde un hecho desgarrador que conmocionó al país, pero también en sus cimientos existió una carga de cuestionamientos hacia fallas e incumplimientos por parte del Estado que, a poco andar, los responsables civiles que impulsaron la ONG parecen replicar.
Todo indica que el terreno volverá al patrimonio municipal, cerrando un capítulo polémico marcado por las promesas incumplidas y el descrédito institucional.