dPosta – La vulneración del derecho a la educación en Metileo ha tomado dimensiones críticas para la familia de Noemí Silva. Madre de tres niños de 6, 11 y 12 años, Silva denunció públicamente que el municipio decidió interrumpir el servicio de transporte escolar que permitía a sus hijos asistir a clases. La familia reside en un asentamiento ubicado a la vera de las vías del ferrocarril, paralelas a la Ruta Provincial 102, un sector que ha crecido notablemente en cantidad de familias durante los últimos años bajo condiciones de extrema precariedad habitacional.
La exclusión del servicio fue comunicada inicialmente por la asistencia social del municipio, alegando una supuesta “falta de cupos”. Sin embargo, la denunciante sostiene que esta justificación carece de sustento fáctico, ya que las unidades de transporte suelen circular con asientos vacíos mientras sus hijos quedan varados en la banquina.
Ante esta situación, Silva mantuvo una reunión con el actual intendente, Carlos Marchisio, quien brindó explicaciones poco claras sobre la medida. El jefe comunal deslindó la responsabilidad en el Ministerio de Educación, argumentando que la prioridad del transporte debe ser el traslado de los docentes que viajan desde General Pico hacia Metileo, a pesar de que la combi que traslada a los maestros realiza el trayecto completo por el asentamiento donde viven los menores.
Vulnerabilidad
La situación socioeconómica de la familia agrava el impacto de la quita del servicio. Su vivienda, construida con maderas, chapas y cartón, carece de servicios básicos: dependen de leña para calefaccionarse y de pantallas solares para obtener electricidad. Al no contar con medios de movilidad propios —poseen una camioneta con el motor roto y una motocicleta averiada—, las únicas alternativas para que los niños lleguen a la escuela son caminar aproximadamente 12 kilómetros o hacer dedo. “Es un peligro por el tránsito de camiones, la neblina y la lluvia. Si no hay transporte, los niños no pueden asistir”, señaló Silva, remarcando que se encuentran en una situación de “mendicidad administrativa”, dependiendo de autorizaciones excepcionales que el chofer recibe por un solo día.
Diferencias de gestión
La crónica de este conflicto resalta, además, un marcado contraste entre la gestión actual y la administración del anterior intendente, Juan Carlos Pavoni. Según el testimonio de Silva, durante el mandato de Pavoni la prioridad era garantizar la escolaridad por encima de los protocolos burocráticos. En caso de que la combi escolar estuviera completa, el entonces intendente disponía de la camioneta municipal con otro chofer o, en reiteradas oportunidades, él mismo realizaba el traslado de los menores en persona.
Silva enfatizó que el vehículo oficial que hoy Marchisio utiliza exclusivamente para fines jerárquicos, antes funcionaba como un recurso de emergencia para que ningún niño del sector de las vías perdiera un día de clases.
Mirar para otro lado
Actualmente, ante el silencio de las autoridades municipales —quienes prometieron una respuesta hace dos semanas sin volver a comunicarse—, la familia debe salir a la ruta a las 7 de la mañana. En plena oscuridad y bajo condiciones climáticas adversas, los niños de 6, 11 y 12 años se ven obligados a hacer dedo para intentar llegar al colegio. Mientras los docentes expresan su preocupación por la posible deserción de los alumnos, la gestión municipal se mantiene en una postura de rigidez administrativa que ignora la realidad del asentamiento y las obligaciones del Estado de garantizar el acceso efectivo a la educación primaria y secundaria.