dPosta – Los Tribunales de General Pico fueron el escenario de un desenlace judicial tan contundente como inusual en casos de femicidio: el pedido de prisión perpetua de la Fiscalía, avalado por la Defensa del acusado.
Fabricio Borges fue llevado a juicio por el asesinato de su expareja, Josefa Raquel Amaya, ocurrido en junio del año pasado en la localidad de Monte Nievas. Al término del debate, el pasado martes al mediodía, la solicitud de pena máxima no solo fue formulada por el fiscal Guillermo Komarofky, sino que contó con el consentimiento expreso de la Defensa Oficial, a cargo de Soledad Forte.
Este acuerdo en la máxima condena se debe, más allá del reconocimiento del hecho por parte de Borges tras su detención (no declaró en juicio), a la robustez y legalidad de la carga probatoria presentada por la Fiscalía. Durante el debate oral, la Defensa reconoció que la totalidad de las pruebas de la acusación, desde la evidencia física hasta la información telefónica y los análisis de ADN, fueron obtenidas ajustándose estrictamente a las normas jurídicas, sin vulnerar el derecho de defensa del imputado.
El propio Tribunal, integrado por los jueces María José Gianinetto, Marcelo Pagano y Carlos Pellegrino, no encontró objeciones a esta evidencia, consolidando un panorama de culpabilidad ineludible.
Relación tóxica, pelea y una decisión improvisada
En la primera jornada del juicio se reprodujo la declaración del imputado. Aunque Borges había admitido que “hacía rato que lo tenía pensado”, la reconstrucción del hecho y los detalles posteriores desvirtuaron la idea de un crimen premeditado.
El femicidio se desencadenó en la madrugada del 28 de junio en la vivienda que la expareja aún compartía, donde también dormía el hijo de 8 años de ambos. Según la información recabada, la noche anterior, Borges se encontraba en el baño cuando escuchó a Amaya retar al niño por cuestiones escolares, un hecho que, según él, lo hizo “dar vueltas” a una idea que ya venía procesando.
No obstante, las autoridades judiciales señalaron que el homicidio fue “todo improvisado”. Tras ahorcar a Amaya con una soga mientras ella dormía en la habitación del niño (ya que dormían separados), el acusado entró en un estado de pánico y desorganización que desmiente cualquier planificación. Este intento fallido de premeditación quedó demostrado en la desesperada y caótica maniobra para ocultar el cuerpo: Borges lo trasladó inicialmente y luego lo movió una segunda vez, abandonándolo finalmente en una zona rural cercana a Eduardo Castex, donde fue hallado.
Patrón de violencia y advertencias
El fiscal Komarofky encuadró el hecho como homicidio doblemente agravado: por el vínculo (Art. 80 inc. 1°) y por mediar violencia de género (femicidio, Art. 80 inc. 11°), reflejando un patrón previo de abuso.
Durante las audiencias, el Tribunal escuchó a numerosos testigos que confirmaron el ambiente de control y amenaza que rodeaba la vida de Josefa Amaya. Vecinas y familiares describieron la relación como “tóxica” y marcada por la violencia física, sexual, económica y psicológica que ejercía Borges sobre la víctima. Una hermana de Amaya declaró que le había advertido a Josefa que se fuera de la casa “porque la podía matar”.
Para finalizar la carga probatoria, se incorporó el examen mental del psiquiatra forense. Este informe fue clave al concluir que Fabricio Borges era imputable, ya que sabía lo que hacía, podía comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones en el momento en que cometió el crimen.
La única formalidad que resta en este proceso es la lectura de la sentencia, que el Tribunal fijó para el próximo 27 de noviembre. Ante el consentimiento de la Defensa, la condena de prisión perpetua es el resultado judicial inevitable de una carga probatoria irrefutable.