dPosta – El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que coordinó en el país el proyecto internacional Sprint, dedicado a estudiar la presencia de plaguicidas en el ambiente y en las personas. La decisión quedó formalizada mediante la resolución 366 y representa la sanción más grave prevista en el régimen de empleo público nacional.
La medida se fundamentó en irregularidades administrativas vinculadas con la coordinación de la investigación y la utilización de recursos estatales. El sumario se había iniciado en diciembre de 2023 y concluyó con la aplicación de la sanción por incumplimientos de dos prohibiciones establecidas en el artículo 24 de la Ley Marco de Empleo Público, según informó el portal Bichos de Campo.
El organismo consideró acreditadas infracciones relacionadas con el otorgamiento de funciones a José Luis Costa, investigador retirado del Inta y conviviente de Aparicio, y con la administración de fondos destinados al proyecto. La exoneración generó el rechazo de organizaciones vinculadas con los pueblos fumigados, sectores científicos, sindicatos y organismos de derechos humanos.
Fundamentos de la sanción
Uno de los cargos se encuadra en el inciso e) del artículo 24, que prohíbe utilizar las atribuciones del cargo para fines ajenos a la función. Según la resolución, Aparicio permitió que Costa participara en tareas de coordinación y supervisión de información del proyecto sin autorización formal del Inta ni aprobación de las instancias correspondientes del consorcio internacional.
El documento señala que la relación de convivencia entre ambos estaba declarada en el legajo de la investigadora desde septiembre de 2005. Para el Consejo Directivo, esa circunstancia exigía formalizar la intervención de Costa y someter el posible conflicto de intereses a una evaluación independiente.
La resolución también indica que el investigador retirado tenía acceso a información reservada, incluidos datos sin codificar de los participantes, pese a no mantener un vínculo institucional vigente con el organismo.
El segundo cargo corresponde al inciso i), referido al uso indebido del patrimonio estatal. En ese apartado se analizaron los movimientos de los fondos europeos administrados para desarrollar el estudio. Los registros consignaron ingresos por $5.661.483,83, egresos por $5.527.359,58 y un saldo de $134.124,25.
Entre los desembolsos figuró un pago de $1.688.445,82 a la empresa World Courier, en julio de 2022, por el traslado de muestras a los Países Bajos. Sin embargo, la propia resolución aclara que esos movimientos contables no acreditan por sí solos un perjuicio fiscal y reconoce que no se determinaron de manera fundada su existencia ni su cuantía durante el sumario.
Otros cuestionamientos estuvieron relacionados con la sustitución del comité de ética previsto en el acuerdo de subvención por el correspondiente al Programa Temático Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sin someter el cambio a las instancias institucionales del Inta.
También se señalaron diferencias entre el protocolo inicial, que contemplaba 72 participantes distribuidos en tres grupos de 24, y una presentación de junio de 2023, en la que se mencionaban 20 productores, 28 vecinos y 25 consumidores.
Aparicio solicitó la nulidad del procedimiento y denunció indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó esos planteos al sostener que el sumario se desarrolló regularmente y que se garantizó el derecho de defensa con asistencia letrada.
La investigadora también argumentó que Violette Geissen, coordinadora general del consorcio internacional, conocía y avalaba la modalidad de trabajo. El organismo respondió que ese conocimiento no reemplazaba la formalización de las decisiones por los canales institucionales correspondientes.
El sumario incluyó a otros trabajadores del Inta: algunos recibieron suspensiones y otros fueron eximidos de responsabilidad. La diferencia entre esas sanciones y la aplicada a Aparicio también fue cuestionada por su defensa.
El proyecto Sprint y los resultados
Aparicio trabaja desde 1997 en la Estación Experimental Agropecuaria del Inta en Balcarce y desarrolló investigaciones sobre plaguicidas, suelos, agua y alternativas para reducir el uso de sustancias químicas en la producción agrícola.
En 2020, el organismo aprobó su participación en Sprint, una iniciativa internacional financiada por la Unión Europea y coordinada por investigadores de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. El proyecto reunió equipos de distintos países para analizar la presencia de plaguicidas y sus mezclas en el ambiente, los animales, los alimentos y las personas.
Durante 2021 se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores. También se analizaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos.
Entre los resultados difundidos se informó la detección de glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas. La investigación buscó caracterizar la exposición a esas sustancias, aunque la detección de residuos no demuestra por sí misma que hayan causado enfermedades.
La resolución del Inta cita, además, el informe D2.4 del proyecto Sprint, publicado el 28 de febrero de 2023. Según ese documento, ninguna de las ingestas de glifosato calculadas superó la ingesta diaria admisible de referencia en los grupos analizados. Los autores consideraron que los niveles estimados no representarían un riesgo potencial para la salud según ese parámetro, pero advirtieron que los datos sanitarios disponibles no permitían realizar un análisis epidemiológico.
En junio de 2023, el Inta frenó la presentación institucional de los resultados argentinos. En diciembre de ese año dispuso la salida del proyecto y abrió el sumario administrativo contra Aparicio.
El procedimiento se extendió durante casi tres años e incluyó ocho imputaciones administrativas. Mientras avanzaba, organizaciones sociales, científicas y gremiales expresaron su preocupación por la situación de la investigadora y por las restricciones a la difusión institucional del trabajo.
El 15 de octubre, antes de conocerse la resolución definitiva, Aparicio presentó los resultados de las mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce. La exposición permitió divulgar una investigación cuya presentación oficial había sido suspendida en 2023.
La exoneración abre una nueva etapa en el conflicto. La defensa había cuestionado la legalidad y la proporcionalidad de la sanción y anticipado que recurriría a la Justicia si se confirmaba la medida.
El caso plantea, además de la situación laboral de Aparicio, interrogantes sobre los mecanismos de control administrativo en los organismos científicos públicos, la difusión de investigaciones ambientales y las garantías que deben regir los procedimientos disciplinarios contra sus trabajadores.