dPosta – El Poder Ejecutivo de La Pampa respondió a las consultas formuladas por la Cámara de Diputados en relación con un caso de adopción y planteó los límites que, según sostuvo, deben observarse en el ejercicio de las facultades de control de la Legislatura cuando están involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes.
La contestación fue formalizada mediante una nota enviada por el gobernador Sergio Ziliotto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral. El documento incluyó como anexo un informe elaborado por los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud.
En la respuesta, el Ejecutivo señaló que la información fue confeccionada en función de las competencias propias de la administración provincial y bajo el marco establecido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la legislación nacional y provincial y las normas que regulan el funcionamiento de la Legislatura.
Uno de los principales argumentos expuestos está relacionado con la protección de la identidad, la intimidad y la vida familiar de las personas involucradas. En ese sentido, el Gobierno provincial remarcó que el interés superior del niño y el deber de reserva constituyen criterios centrales para determinar qué información puede ser suministrada.
A partir de ello, solicitó que la Cámara de Diputados precise e individualice las actuaciones administrativas y la documentación concreta cuya consulta considere necesaria, vinculándolas expresamente con cada uno de los puntos incluidos en el requerimiento.
Según explicó el Ejecutivo, esa delimitación permitiría establecer con claridad el objeto del pedido y evitar requerimientos generales o indeterminados que excedan las competencias atribuidas a la Legislatura.
La respuesta también estableció una diferenciación respecto de la información vinculada con actuaciones judiciales. En ese aspecto, el Gobierno provincial planteó que la documentación de naturaleza judicial debe ser solicitada ante el Poder Judicial, por ser el organismo competente para determinar las condiciones y el alcance de su acceso.
Asimismo, pidió que el requerimiento legislativo no implique una revisión del mérito, acierto o conveniencia de decisiones adoptadas por órganos judiciales ni una intervención sobre competencias que corresponden específicamente a otros poderes del Estado.
Finalmente, el Poder Ejecutivo ratificó su disposición a brindar la información que corresponda legalmente y que se encuentre dentro de su ámbito de actuación, procurando compatibilizar las facultades de control institucional con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de sus familias.