dPosta – El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de Ley de Libertad Educativa que busca derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y redefinir de manera integral la educación básica —niveles inicial, primario y secundario—, manteniendo sin cambios la Ley de Educación Superior.
El texto, que consta de 136 artículos y aún es un borrador, fue confirmado por fuentes del Ministerio de Capital Humano y difundido inicialmente por el sitio La Política Online. La propuesta retoma parte de las ideas contenidas en el capítulo educativo de la primera Ley Bases de 2023, elaborado por Federico Sturzenegger, y fue trabajada por la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, junto con el Ministerio de Desregulación.
Entre las modificaciones centrales, el proyecto habilita la educación en el hogar (home schooling) como modalidad alternativa, junto con la educación híbrida y a distancia, sin establecer una edad mínima. Los estudiantes bajo esta modalidad podrán acreditar aprendizajes mediante exámenes periódicos.
El borrador también permite que las provincias ofrezcan educación religiosa confesional en las escuelas públicas, de forma optativa y fuera del horario escolar, y habilita a cada institución a diseñar planes de estudio propios, además de los planes comunes elaborados por los ministerios.
Otra de las disposiciones relevantes es la declaración de esencialidad de la educación básica, lo que implica que, ante medidas de fuerza, deberá garantizarse una continuidad mínima del servicio educativo.
En cuanto al calendario escolar, la propuesta establece la carga anual en horas de clase: un mínimo de 540 horas para el nivel inicial y 720 para primaria y secundaria.
El proyecto no contempla la “educación especial” como modalidad independiente. En cambio, incorpora la categoría de “alumnos con necesidades específicas”, donde incluye a estudiantes con discapacidad, y suma otras modalidades como la rural, intercultural bilingüe, hospitalaria, domiciliaria y en contexto de encierro. También incorpora referencias a estudiantes con “altas capacidades”.
En materia de financiamiento, el borrador elimina la meta del 6% del PBI, ya anticipada en el proyecto de Presupuesto 2026. Plantea que el rol del Estado será subsidiario, interviniendo de manera complementaria, y establece que las escuelas estatales y privadas tendrán igual acceso al financiamiento público.
El esquema prevé asignaciones tanto para instituciones —según matrícula, nivel socioeconómico o presencia de estudiantes con discapacidad— como para familias y alumnos, mediante becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos.
Aunque el Gobierno aclaró que se trata de un borrador, la iniciativa ya abrió un fuerte debate por el alcance de las transformaciones que propone y por el impacto que podría tener en el sistema educativo argentino.