dPosta – El conflicto por el retiro de un bebé de siete meses a una familia de contención de Rancul llegó este jueves a la Cámara de Diputados de La Pampa, donde Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani entregaron un petitorio y volvieron a cuestionar el procedimiento administrativo que derivó en la separación del niño.
La pareja fue recibida por la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, Alicia Mayoral, junto a los presidentes de los distintos bloques legislativos. Luego, desde las gradas del recinto, realizaron una exposición en la que reclamaron explicaciones y solicitaron la renuncia de funcionarios vinculados al caso.
Díaz y Pizzani permanecen realizando una protesta frente a la Casa de Gobierno y sostienen que existieron irregularidades en el proceso mediante el cual debieron entregar al bebé que habían recibido bajo la figura de familia de contención. La situación se originó luego de que reclamaran que se contemplara el vínculo afectivo construido con el niño y solicitaran la posibilidad de adoptarlo, una alternativa que el sistema de acogimiento transitorio no contempla.
Tras el planteo, la diputada Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) anunció que se impulsará la creación de una comisión especial para analizar la situación. Según indicó, la comisión estará integrada por representantes de los distintos bloques legislativos y comenzará a trabajar para abordar los cuestionamientos planteados por la familia.
Adhesión al régimen penal juvenil
Luego del tratamiento del reclamo, la Cámara de Diputados avanzó con uno de los temas centrales de la sesión: la adhesión de La Pampa al nuevo régimen nacional de responsabilidad penal adolescente.
La iniciativa fue aprobada por mayoría y establece la adecuación de distintas normas provinciales a la nueva legislación nacional, que modifica el sistema vigente para adolescentes de entre 14 y 18 años.
El diputado Hernán Pérez Araujo (FreJuPa) explicó que la provincia debía adecuar su normativa a la ley sancionada recientemente por el Congreso Nacional, pese a que el bloque justicialista no acompañó esa legislación nacional.
“Entendemos que no es un problema en nuestra provincia el delito en menores de 14 años. Debo decir, aun a riesgo de caer antipático, que debemos ocuparnos de la niñez en todos sus aspectos”, señaló.
Sin embargo, remarcó la necesidad de avanzar con la adaptación provincial. “Dicho esto, como republicanos, no nos podemos quedar afuera de la adecuación a esta Ley. Si tenemos la potestad de regular las formas”, sostuvo.
Pérez Araujo recordó que La Pampa cuenta desde 2023 con una normativa específica para el procedimiento penal adolescente y destacó que la incidencia de los delitos cometidos por menores representa una proporción reducida dentro del total de hechos registrados.
“Representan menos del 3%”, indicó al referirse a las estadísticas nacionales sobre participación adolescente en hechos delictivos.
La nueva normativa nacional, que comenzó a regir luego de cumplirse los 180 días establecidos desde su publicación en el Boletín Oficial, reemplazó el régimen vigente desde 1980 y estableció un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años.
Con la nueva legislación, los jóvenes de 14 y 15 años podrán ser imputados, procesados y condenados penalmente, aunque la aplicación de prisión quedará limitada a delitos graves y bajo condiciones específicas. Para hechos con penas menores a tres años se contemplan sanciones alternativas como asistencia a programas educativos, trabajos comunitarios, restricciones de contacto con víctimas o monitoreo electrónico.
El nuevo régimen fija además un límite máximo de 15 años de condena y prohíbe la aplicación de prisión perpetua para adolescentes.
Durante el debate provincial, la diputada radical Andrea Valderrama cuestionó parte de la estructura prevista para implementar la normativa y planteó reparos sobre la creación de nuevos cargos judiciales.
“La creación de 10 cargos, debido a los pocos casos estadísticos que tiene la provincia en delito juvenil, nos parece desproporcionada”, afirmó. En ese sentido, adelantó que su bloque no acompañaría específicamente el artículo referido a esa estructura.
La adhesión aprobada por la Legislatura pampeana se dio en medio de un debate nacional sobre los alcances del nuevo régimen penal juvenil, que busca reemplazar el sistema anterior y establecer nuevas reglas para el abordaje judicial de adolescentes involucrados en delitos.