dPosta – La Fundación “De tu mano” y APAP, dos de las instituciones con mayor trayectoria en la atención de personas con discapacidad en General Pico, realizaron este miércoles una movilización frente al Palacio Municipal. La medida de fuerza surge ante la crítica falta de financiamiento por parte del Estado nacional y en rechazo a las reformas legislativas que, según denuncian, ponen en riesgo la continuidad de servicios esenciales como hogares y centros de día.
Andrea Álvarez, representante de la Fundación “De tu mano”, explicó que la situación se ha vuelto insostenible debido a que el programa nacional Incluir Salud adeuda casi seis meses de pagos. “A nosotros nos deben cinco meses, ya van a ser seis. En abril prometieron saldar al menos uno, pero las demoras superaron largamente los 90 días habituales de las obras sociales”, señaló. Esta falta de recursos ha forzado a la institución a suspender actividades de jornada simple el próximo viernes, ante la imposibilidad de afrontar los gastos operativos.
La preocupación no solo radica en la coyuntura financiera, sino también en el marco legal. El colectivo rechaza el proyecto de ley que propone la desregulación o eliminación del Nomenclador Nacional de Prestaciones. Álvarez advirtió que esta medida permitiría que cada obra social fije el valor que considere para las prestaciones, eliminando el piso arancelario que garantiza la calidad del servicio. “Es una desprotección total para los chicos”, enfatizó.
Desde APAP, Anabella Carbonel coincidió en la gravedad del escenario y detalló que su última factura cobrada data de octubre de 2025. Durante este semestre, la entidad ha subsistido mediante ahorros, una estrategia agotada ante la falta de diálogo con las autoridades nacionales. Carbonel subrayó el riesgo humano que implica el desfinanciamiento del Hogar que gestionan: “Tenemos chicos que no cuentan con familia; si el hogar deja de sostenerse, no tienen un lugar a donde ir. Están en una incertidumbre total”.
El impacto del ajuste también fue relatado por los familiares. Una de las madres presentes en la movilización, cuya hija reside en el Hogar de APAP debido a una patología severa, calificó la situación como un “abandono de persona”. Expresó que la eliminación del nomenclador despoja a las familias de años de conquistas legales y deja a las instituciones a merced de lo que las obras sociales decidan pagar de manera arbitraria. “Con 200.000 pesos no se puede mantener un hogar donde los chicos viven y comen”, reclamó.
Sonia Álvarez remarcó su malestar ante el desamparo estatal. “Nunca imaginé llegar a este punto. Son nuestros hijos y los están dejando solos”, afirmó, asegurando que las movilizaciones continuarán todos los miércoles hasta obtener respuestas concretas.
La movilización en General Pico se replicó en diversos puntos del país bajo la consigna de defender el sistema de prestaciones básicas y garantizar el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.